El femicidio de Mariel Juárez conmociona a la localidad bonaerense de Wilde y expone, una vez más, las fallas del sistema de protección.
La enfermera, de 54 años, fue hallada asesinada en su vivienda el viernes por la noche, maniatada y con signos de una brutal golpiza. El cuerpo fue encontrado por su madre, Blanca, de 93 años, quien al no obtener respuesta pidió ayuda a un vecino para ingresar a la casa.
El crimen adquiere un dramatismo aún mayor por un dato estremecedor: apenas siete días antes, Mariel había denunciado públicamente por radio la violencia psicológica y las amenazas de muerte que sufría por parte de su exmarido. En una entrevista en Radio Wen, relató el miedo constante en el que vivía y dejó frases que hoy resuenan como una advertencia ignorada: “Me dijo que mi vida valía lo mismo que una cerveza” y “tenía miedo de estar en mi propia casa”.
El principal acusado es Gilberto “Beto” Núñez, exesposo de la víctima, vinculado al gremio de la seguridad privada y con denuncias previas por violencia de género. Según el entorno de Mariel, el hombre utilizaba su posición y sus recursos para amedrentarla. Incluso el periodista que la entrevistó aseguró haber recibido amenazas tras la salida al aire de la denuncia. El caso vuelve a poner en foco la urgencia de respuestas efectivas frente a situaciones de violencia de género que, como en este caso, fueron advertidas a tiempo.
