El oficialismo logró un acuerdo con sectores de la oposición dialoguista para avanzar con la reforma del régimen penal juvenil y convocó a una sesión en la Cámara de Diputados para la próxima semana. El punto central del entendimiento fija la edad mínima de imputabilidad en 14 años, dejando de lado la propuesta original del Poder Ejecutivo que planteaba llevarla a 13.
Tras la negociación, La Libertad Avanza convocará a sesionar el jueves 12, en el marco del período extraordinario, con la expectativa de tratar un tema sensible que genera fuerte debate político y social. El consenso alcanzado se apoya en el dictamen firmado en mayo del año pasado, que no llegó a debatirse en el recinto y perdió estado parlamentario en diciembre.
Desde el oficialismo reconocieron que no contaban con los votos necesarios para insistir con el proyecto original. “Es la ley posible”, admitieron, luego de que bloques como el PRO y la UCR anticiparan que solo acompañarían la iniciativa que establece el piso de imputabilidad en 14 años.
La hoja de ruta definida prevé que el martes próximo se constituyan las comisiones, el miércoles se ratifique el dictamen y el jueves se lleve el debate al recinto. En ese marco, el oficialismo se mostró confiado en reunir los votos necesarios para habilitar la sesión y avanzar con la sanción del proyecto.
La propuesta establece que la pena máxima para menores será de 15 años, únicamente para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Además, se prioriza la aplicación de penas alternativas —como tareas comunitarias, medidas de reparación del daño o prohibiciones de acercamiento— y se dispone que la privación de la libertad sea utilizada solo como último recurso.
Durante el encuentro entre el oficialismo y los bloques opositores, también se planteó la preocupación de las provincias por los costos que implicará la implementación del nuevo régimen. Ante ese reclamo, se acordó incorporar una cláusula que habilite la firma de convenios entre la Nación y las provincias que adhieran al sistema, para afrontar los gastos derivados.
El debate se da en un contexto de fuerte controversia pública. La Iglesia expresó su rechazo a la baja de la edad de punibilidad, especialmente a la propuesta inicial de llevarla a 13 años, y distintos sectores sociales manifestaron reparos sobre el enfoque punitivo del proyecto.
De no mediar cambios, y con el acompañamiento de la mayoría de los bloques —a excepción de un sector de Unión por la Patria y la izquierda—, el oficialismo confía en que la iniciativa pueda convertirse en ley antes del cierre del período extraordinario, previsto para el 1 de marzo.
