La Iglesia Católica salió a marcar postura frente al proyecto del Gobierno nacional que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Para la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la iniciativa “no es la propuesta más razonable” para enfrentar la inseguridad juvenil.
Desde el Episcopado señalaron que endurecer penas not resuelve el problema de fondo y que la violencia juvenil está atravesada por realidades mucho más profundas: pobreza estructural, falta de educación y oportunidades, consumo de drogas y el avance del narcotráfico.
Además, remarcaron que los menores representan un porcentaje bajo del total de delitos, según datos oficiales, por lo que poner el foco solo en ellos termina simplificando una problemática compleja.
“Necesitamos más escuelas que cárceles y más docentes que guardiacárceles”, expresaron los obispos, al tiempo que reclamaron un régimen penal juvenil con mirada humana, centrado en la reinserción social, la educación y la construcción de futuro.
La Iglesia pidió abrir un debate serio y a largo plazo, lejos de soluciones rápidas, y que apunte a transformar las condiciones que empujan a muchos jóvenes a quedar atrapados en la violencia y la exclusión.
