A menos de cinco meses de su apertura, transportistas denuncian la sustracción de combustible en el predio de Urquiza y Ruta 65. Aseguran que ya son cuatro las unidades afectadas y exigen el refuerzo urgente de cámaras y luminarias.
La Playa de Camiones Municipal de 9 de Julio, cuya inauguración oficial tuvo lugar el pasado 21 de agosto de 2025, atraviesa su primera crisis de seguridad. Tras el traslado al predio de 3,5 hectáreas ubicado en las inmediaciones de Avda. Urquiza y Ruta 65, la gestión local había destacado en noviembre una "excelente aceptación" por parte de los choferes, reportando un incremento del 40% en la matrícula y una capacidad ocupada por 54 unidades. Sin embargo, el entusiasmo inicial de aquel anuncio oficial hoy se ve empañado por una serie de hechos delictivos que ponen en duda la eficacia de la vigilancia prometida.
Brahian Nievas, usuario del playón con dos camiones, se comunicó con La Trocha Digital para visibilizar una situación que preocupa al sector: "ya se registraron cuatro robos de gasoil dentro del perímetro municipal". El transportista fue categórico en su pedido al solicitar "que se agreguen más luces y cámaras en el sector de estacionamiento", manifestando la vulnerabilidad a la que se exponen sus herramientas de trabajo durante las horas de descanso o pernocte.
Un compromiso bajo la lupa
El malestar de los conductores radica en el contraste entre el servicio prestado y lo publicitado por el municipio meses atrás. Según la información difundida en noviembre, el predio debía garantizar:
Vigilancia las 24 horas, todos los días del año.
Monitoreo mediante cámaras de seguridad y cerco perimetral.
Iluminación adecuada y presencia constante de personal en la garita de entrada.
Pese a contar con una tarifa que la Comuna define como "sumamente accesible", para los damnificados el costo se vuelve elevado cuando la seguridad falla. Los robos de combustible no solo representan una pérdida económica directa, sino que instalan un clima de desconfianza en un espacio diseñado, precisamente, para ordenar el tránsito pesado y proteger el patrimonio de los transportistas locales.
