Tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia bonaerense que ordenó suspender de manera preventiva las ordenanzas municipales sobre fumigaciones en Tandil y Rauch, desde la cuarta sección electoral volvieron a insistir con la necesidad de avanzar en una ley provincial que regule de manera integral el uso de fitosanitarios y unifique criterios en todo el territorio bonaerense.
La resolución judicial puso el foco en los posibles riesgos ambientales y en cuestionamientos de constitucionalidad, particularmente por el impacto sobre la cuenca del arroyo Chapaleofú, y dejó en evidencia la falta de un marco normativo común. En ese contexto, la diputada provincial Silvina Vaccarezza, del bloque UCR + Cambio Federal, reiteró su pedido para que la Legislatura trate una norma que brinde previsibilidad tanto en materia ambiental como productiva.
“La provincia tiene un vacío legal que genera conflictos permanentes”, sostuvo la legisladora, al señalar que las diferencias entre ordenanzas municipales provocan incertidumbre y perjuicios económicos para el sector agropecuario. Según advirtió, las distancias permitidas para la aplicación de fitosanitarios varían de un distrito a otro, lo que deriva en restricciones dispares y, en muchos casos, en pérdidas millonarias para los productores.
