En la antigüedad, la vara era una herramienta concreta para medir o impartir justicia. Utilizar dos varas distintas implicaba juzgar una misma situación con criterios desiguales según quién estuviera del otro lado. Ese concepto, lejos de haber quedado en el pasado, sigue vigente y atraviesa hoy buena parte de nuestra vida cotidiana: aplicamos reglas estrictas para algunos y una sorprendente tolerancia para otros.
Basta con imaginar cuánto tiempo sobreviviría una empresa privada si prestara servicios con la calidad que hoy ofrecen muchos organismos públicos.
Cortes de agua frecuentes, presión insuficiente, agua turbia y reclamos que nunca encuentran respuesta. Si ese servicio dependiera de una compañía privada, ¿cuántos clientes conservaría?, ¿cuánto tardaría en fundirse? La respuesta es evidente: muy poco.
Lo mismo ocurre con la limpieza urbana. Una empresa privada que dejara basura acumulada durante días, que no cumpliera recorridos o que trabajara “cuando puede”, perdería el contrato en cuestión de semanas.
La doble vara se vuelve todavía más visible en el tránsito. Cualquier vecino sabe que un auto sin patente, sin luces o emitiendo humo negro no circula una cuadra sin ser multado. Pero también sabe que muchos vehículos oficiales transitan en esas condiciones todos los días. No porque esté permitido, sino porque nadie los controla.
Algo similar sucede con los caminos rurales. Si una empresa privada fuera responsable de su mantenimiento y el 90% del tendido vial estuviera en las condiciones actuales, el contrato sería rescindido de inmediato. Sin embargo, cuando la responsabilidad es estatal, el deterioro se explica, se relativiza o se acepta como inevitable.
El argumento recurrente es que “lo público hace lo que puede”. Como si eso fuera una virtud y no una advertencia.
Como si pagar impuestos implicara resignarse. Nos educaron para agradecer servicios que, en realidad, solo deberían funcionar. No es excelencia: es cumplimiento básico.
La diferencia de fondo no es ideológica, sino estructural. En el sector privado, si el cliente se va, la empresa quiebra. En el sector público, el contribuyente no puede irse. Está cautivo. Esa asimetría no solo genera ineficiencia: genera impunidad.
Hay además un componente cultural aún más dañino. Hemos naturalizado el mal funcionamiento de lo público y hasta lo romantizamos como “sacrificio social”. Pero no es sacrificio: es resignación inducida. Se nos pide paciencia donde debería haber control, auditoría y sanción.
No se trata de destruir lo público ni de idealizar lo privado. Se trata de exigir lo mismo.
Porque cuando el impuesto se cobra sin consecuencias por incumplir lo que promete, lo que se anestesia no es el servicio: es nuestra capacidad de exigir calidad por aquello que pagamos.
Fuente: CampoInfo.
