Las inundaciones que golpearon con fuerza al interior de la provincia de Buenos Aires a comienzos de 2025 continúan dejando consecuencias profundas.
Caminos rurales intransitables, miles de hectáreas bajo agua y una producción agropecuaria seriamente afectada configuran un escenario que, lejos de resolverse, suma ahora un nuevo foco de conflicto: la distribución desigual de la asistencia nacional.
Días atrás, el Gobierno nacional oficializó el envío de más de 1.046 millones de pesos a municipios bonaerenses alcanzados por la emergencia hídrica, mediante la Resolución 250/2025. Los fondos, canalizados a través de la Ley Nacional 26.509 y el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), beneficiaron a los distritos de Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar y Nueve de Julio.
Sin embargo, el listado dejó afuera a municipios que atraviesan una situación igual o incluso más crítica. Lincoln, General Viamonte y Bragado no fueron incluidos en el reparto de recursos, pese a los graves daños provocados por el exceso de agua y a los pedidos formales de asistencia elevados oportunamente. La exclusión encendió fuertes cuestionamientos y denuncias de trato discrecional.
El caso de Bragado fue el que generó mayor repercusión pública. Concejales de Fuerza Patria difundieron un duro comunicado en el que acusaron al Gobierno nacional de “discriminación política”. Según detallaron, el distrito registra más de 50.000 hectáreas afectadas, con impacto directo sobre la producción agropecuaria y el estado de los caminos rurales.
En el texto, los ediles calificaron la decisión como “arbitraria” y la vincularon a un trasfondo político, señalando a la administración del presidente Javier Milei y a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich por excluir al municipio de la asistencia económica, pese a la magnitud de la emergencia.
La polémica se inscribe en un contexto de demoras y silencios oficiales. El plan de contingencia había sido anunciado en noviembre, con la promesa de destinar 1.900 millones de pesos del Fondo de Emergencia Agropecuaria, cifra que luego fue elevada a unos 2.100 millones. Sin embargo, hasta el momento solo se transfirió poco más de la mitad del monto inicialmente comprometido.
Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca no se brindaron explicaciones sobre el destino del remanente, cercano a los 850 millones de pesos, ni sobre los criterios utilizados para dejar fuera a distritos severamente afectados. La falta de respuestas obligó a municipios y productores a afrontar con recursos propios gastos urgentes, como combustible, piedra y tareas mínimas para sostener la transitabilidad rural.
En este marco, desde Bragado reclamaron que el Gobierno nacional rectifique su decisión y exigieron a los representantes de La Libertad Avanza que intercedan ante Nación para garantizar la asistencia a productores y vecinos de las zonas rurales.
Mientras la emergencia hídrica continúa activa en vastas regiones del interior bonaerense, la distribución parcial de los fondos y la ausencia de explicaciones oficiales vuelven a tensar la relación entre Nación y los distritos afectados, en un contexto donde la urgencia no admite más demoras.
