El Gobierno nacional definió la estrategia para cerrar la discusión del Presupuesto 2026 y resolvió no introducir cambios al texto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, con el objetivo de convertirlo en ley este viernes.
La decisión implica resignar la posibilidad de reintroducir el controvertido Capítulo 11, que contemplaba la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.
Según pudo saber la Agencia DIB, la Casa Rosada optó por avanzar con el proyecto tal como está ante la falta de respaldo legislativo para sostener modificaciones sensibles. Desde la UCR y el PRO adelantaron que no acompañarían una eventual anulación de las leyes vinculadas a universidades y discapacidad, y también surgieron dudas entre los legisladores alineados con gobernadores dialoguistas.
A ese escenario político se suma el factor tiempo. Cualquier cambio en el Senado obligaría a que el proyecto vuelva a Diputados, lo que estiraría el debate más allá de fin de año y pondría en riesgo la sanción definitiva. Por eso, el oficialismo decidió priorizar la aprobación rápida de la ley.
Otro elemento central de la definición es el frente financiero. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, buscan evitar demoras porque el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos reclaman que la Argentina cuente con un presupuesto aprobado. El proyecto incluye, además, una autorización clave para la toma de deuda pública, en un contexto marcado por el vencimiento de US$ 4.200 millones previsto para el 9 de enero.
