El ministro de Modernización. Federico Sturzenegger, afirmó que los cambios no se limitarán a los nuevos contratos y que la reforma impactará sobre todo el empleo privado. Defendió la iniciativa oficial y sostuvo que busca reducir litigiosidad, bajar impuestos al trabajo y “modernizar” las relaciones laborales.
El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, salió a defender la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y aclaró uno de los puntos más sensibles del proyecto: las modificaciones se aplicarán a todos los contratos laborales vigentes y no solo a aquellos que se firmen luego de la sanción de la ley. De este modo, confirmó que el nuevo esquema tendrá impacto directo sobre la totalidad del mercado laboral privado.
En declaraciones radiales, el funcionario explicó que el Fondo de Asistencia Laboral, destinado a cubrir indemnizaciones y contingencias, se financiará en parte con recursos que hoy integran la masa utilizada para el pago de jubilaciones, lo que implicará una reducción para ese sistema. Según detalló, esta medida permitirá una baja del 3 por ciento en los impuestos al trabajo, generando un esquema de ahorro previo para los empleadores. Además, negó que la reforma habilite el pago de salarios con tickets de supermercado u otros vales, una interpretación que había generado polémica.
Sturzenegger también se refirió a los cambios propuestos en materia de vacaciones y horas extra, dos aspectos que despertaron fuertes críticas sindicales. Sostuvo que la reforma apunta a flexibilizar las condiciones, pero siempre bajo el principio de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. En ese sentido, planteó la posibilidad de acordar libremente el período de vacaciones y defendió el sistema de banco de horas para compensar tiempo trabajado sin eliminar las horas extra tradicionales.
Otro de los ejes centrales del proyecto, según el ministro, es la reducción de la litigiosidad laboral. Aseguró que la iniciativa busca eliminar “zonas grises” que hoy permiten que indemnizaciones previsibles se transformen en montos muy superiores por vía judicial, generando incertidumbre y elevados costos para las empresas. Para ello, la reforma precisará criterios de cálculo indemnizatorio y actualizará los mecanismos de aplicación de intereses.
Con estas definiciones, el Gobierno dejó en claro que la reforma laboral no será optativa ni parcial, sino que introducirá cambios estructurales que alcanzarán tanto a trabajadores actuales como a futuros. Mientras el oficialismo insiste en que el nuevo marco permitirá generar empleo y reducir conflictos, desde sectores sindicales y opositores advierten que la iniciativa implica una pérdida de derechos y un retroceso en las garantías laborales.
