Argentina vuelve a encabezar un ranking incómodo: según un análisis comparado de 30 países de la OCDE, es el país donde la presión fiscal sobre el sector formal alcanza niveles excepcionales no solo por los tributos nacionales, sino también por la suma de impuestos provinciales y una abultada lista de tasas municipales.
De acuerdo con Focus Market, existen 85 tasas locales, muchas de las cuales se superponen con ingresos brutos. De hecho, el 35% implica doble imposición y en la mayoría de los casos no guarda relación con servicios efectivamente prestados.
La carga es especialmente evidente en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Córdoba y Santa Fe, donde los contribuyentes industriales pagan en promedio 7,4 tasas. Entre las más extendidas figura la tasa de combustibles, aplicada tanto en municipios del conurbano como en distritos del interior bonaerense. Para la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), este escenario refleja una “voracidad fiscal extendida” que termina afectando la competitividad y encareciendo la actividad económica.
Ante este panorama, la CAC instó a las jurisdicciones subnacionales a frenar nuevos aumentos y a revisar los que ya implementaron, al tiempo que pidió mejorar la eficiencia del gasto y combatir la evasión. La entidad recordó que incluso decisiones recientes —como la polémica “tasa ambiental” del Municipio de Pilar o el incremento de seguridad e higiene en Lanús— reflejan un problema estructural que impacta directamente en los precios y desalienta la inversión y el empleo privado.
