El Gobierno nacional se encamina a una nueva etapa de achique del Estado, que incluiría una reducción significativa de personal y una aceleración del plan de privatizaciones. Según trascendió, la administración de Javier Milei evalúa una nueva tanda de despidos en la administración pública que podría alcanzar al 10% de la planta vigente.
De acuerdo con los datos oficiales más recientes, la administración pública nacional —incluyendo empresas y sociedades del Estado— cuenta con 285.570 empleados. Desde el inicio del actual gobierno ya se registraron casi 59 mil bajas, entre no renovaciones de contrato y recortes aplicados en diferentes áreas.
La próxima ola de desvinculaciones se concentraría en organismos descentralizados, entre ellos la oficina anticorrupción, el INDEC, el CONICET, la CONEAU, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la ANSES, la CONADIS, el ENARGAS, el ENRE, el INTI, el INTA y el Enacom.
Como en la primera etapa del ajuste, el mecanismo sería la no renovación de contratos, una modalidad que afecta a miles de trabajadores estatales desde hace décadas. En la Casa Rosada reconocen que existen vínculos laborales heredados de gestiones muy anteriores, lo que anticipa un recorte amplio y transversal.
La reducción de personal también abarcaría distintos ministerios, empresas públicas y áreas consideradas duplicadas. A esto se suma el avance para eliminar registros de automotores y profundizar el proceso de privatización de empresas estatales, medidas que el Gobierno busca acelerar tras las elecciones.
La coordinación del ajuste está en manos de la jefatura de gabinete, encabezada por Manuel Adorni, y del ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes impulsan una gestión orientada a cambios rápidos y de fuerte impacto.
