Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola evalúan avanzar con un nuevo pedido de decomiso en la causa Vialidad, que podría incluir el departamento donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena a seis años de prisión. El inmueble, ubicado en San José 1111 (Constitución), está registrado a nombre de Hotesur S.A., administrada actualmente por sus hijos.
La decisión quedará en manos del Tribunal Oral Federal N.º 2, el mismo que la semana pasada ordenó decomisar más de 80 propiedades de Lázaro Báez y sus empresas, además de un predio de más de 6.000 metros cuadrados de la propia expresidenta en Santa Cruz y una veintena de inmuebles transferidos a Máximo y Florencia Kirchner.
Desde la defensa de Cristina Fernández de Kirchner rechazan que la Justicia avance sobre esos bienes. Sostienen que no existe una relación directa entre las propiedades y los delitos investigados, y señalan que parte de ellas fueron cedidas a sus hijos en 2016, por lo que —afirman— no deberían ser alcanzadas por la medida.
La exmandataria pidió además anular la ejecución de los decomisos, cuestionó el método de cálculo y consideró ilegítimo que se aplique sobre activos adquiridos antes de 2009, año del decreto que, según la acusación, dio sustento a la maniobra.
El TOF 2, sin embargo, sostuvo en su reciente resolución que el decomiso no requiere una trazabilidad exhaustiva de cada bien, sino que puede aplicarse a aquellos vinculados temporal o económicamente con los delitos, aunque estén a nombre de personas no condenadas, como Máximo y Florencia Kirchner o el fallecido Néstor Kirchner.
