La provincia de Buenos Aires aprobó un marco obligatorio para el desarrollo y uso responsable de sistemas de inteligencia artificial en la administración pública, con el fin de proteger derechos ciudadanos y asegurar un empleo “razonable y confiable” de estas tecnologías.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 9/2025 de la subsecretaría de gobierno digital, que dispuso por primera vez criterios comunes para todos los organismos provinciales que desarrollen, adopten o contraten herramientas de IA. Entre los principios centrales se incluyen la neutralidad tecnológica, la centralidad de la persona, la transparencia, la no discriminación, la seguridad, la protección de datos personales y la responsabilidad demostrada.
El nuevo marco incorpora una clasificación de riesgos para ordenar su aplicación. Quedan prohibidos los sistemas considerados de riesgo inaceptable, como aquellos que manipulan el comportamiento a través de técnicas subliminales, explotan vulnerabilidades o generan mecanismos de “scoring social”. Los sistemas de alto riesgo, como los que operan en identificación biométrica, justicia, procesos laborales o infraestructura crítica, deberán cumplir controles estrictos y evaluaciones de impacto. En los casos de riesgo limitado, como los chatbots sin tratamiento de datos sensibles, y riesgo nulo, con impacto insignificante en derechos o seguridad, se aplicarán pautas más acotadas.
La regulación también obliga a las dependencias públicas a realizar evaluaciones preliminares, garantizar buenas prácticas de gobernanza de datos, evitar sesgos discriminatorios durante todo el ciclo de los sistemas y asegurar estándares adecuados en el uso del material de entrenamiento. Además, deberán informar a la ciudadanía cuando interactúen con sistemas automatizados.
Todos los desarrollos y adopciones de IA deberán inscribirse en el nuevo Registro Provincial de Inteligencia Artificial, cuya implementación quedará a cargo de la dirección provincial de innovación digital, designada como autoridad de aplicación.
