El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó una cuota alimentaria para un joven de más de 21 años que estudia Ingeniería Civil, al considerar que le resulta imposible trabajar y estudiar al mismo tiempo.
La resolución sienta un precedente sobre la obligación de sostén económico prevista en el artículo 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo ratificó una sentencia de cámara que ordenó a un padre a continuar pagando alimentos a su hijo, que cursa la carrera en la UTN. Para la mayoría del tribunal, la magnitud de la formación, la carga horaria, el rendimiento académico y la cantidad de materias aprobadas justifican la continuidad del aporte.
La ley establece que la obligación alimentaria puede extenderse hasta los 25 años cuando el hijo continúa estudios o una preparación profesional que le impida generar sus propios medios de vida. En este caso, el tribunal consideró que la información pública sobre la carga horaria —que alcanza unas 32 horas cátedra semanales— permite presumir la imposibilidad de compatibilizar la carrera con un empleo.
Si bien el joven no presentó constancias formales de horarios, la Justicia entendió que su avance académico permitía sostener la presunción. Hubo, sin embargo, una disidencia: uno de los jueces sostuvo que el estudiante no acreditó de manera suficiente su imposibilidad de trabajar y señaló que realizaba actividades lucrativas ocasionales.
El padre había argumentado que su hijo no probó la imposibilidad de compatibilizar estudio y trabajo, y que él mismo solo realiza “changas”. También mencionó que el joven tendría propiedades, aunque ese punto no fue determinante en la resolución.
La cuota alimentaria quedó fijada en medio salario mínimo, vital y móvil, actualizado al momento de cada pago. La Justicia contempló la situación económica del padre, pero priorizó la necesidad del estudiante y la continuidad de su formación.
