Productores rurales de Carlos Casares llevaron su reclamo a la Legislatura bonaerense para visibilizar el impacto de las inundaciones que, desde hace años, afectan al distrito y paralizan la producción.
Durante una reunión realizada en el Salón Antonio Cafiero del Senado provincial, expusieron ante legisladores de distintas fuerzas políticas la gravedad de la situación y exigieron medidas concretas que permitan prevenir nuevas catástrofes.
Carolina Donegani, integrante de Comunidad Rural Carlos Casares, expresó su malestar por la falta de respuestas oficiales: “No me vengan con que las inundaciones son producto del cambio climático para disfrazar lo que no hicieron. Yo puedo estar inundada, pero también debería tener el camino hecho, y eso hoy no pasa”. La dirigente señaló la ausencia de mantenimiento en los caminos rurales, el descontrol sobre los canales clandestinos y la paralización de obras hidráulicas claves.
La abogada Alejandra Córdoba, representante legal de los productores, advirtió que la situación abarca millones de hectáreas en el centro oeste bonaerense. “El barro es la frontera que separa al campo del acceso a nuestros derechos y oportunidades. La falta de voluntad política y las omisiones son las que más bronca generan”, sostuvo. Citó además estimaciones de CARBAP y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que calculan entre 2 y 4 millones de hectáreas afectadas, de las cuales 900 mil se encuentran directamente bajo el agua.
Durante el encuentro, también se conocieron testimonios de familias tamberas que enfrentan aislamiento desde marzo. En algunos casos, los caminos anegados impiden que los docentes lleguen a las escuelas rurales, afectando la educación de los niños. “Son muchas las familias que la están pasando mal”, lamentaron los vecinos presentes.
Los legisladores bonaerenses se comprometieron a trabajar de manera coordinada para impulsar proyectos que incluyan tanto la asistencia inmediata como la prevención. Sabrina Sabat, presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado, señaló que “esto no puede volver a pasar y excede lo partidario. Tenemos que generar leyes macro para que el Estado esté presente antes del desastre”.
Por su parte, el diputado Alejandro Cellillo adelantó que se convocará a asesores, representantes del Ejecutivo y del Banco Provincia para definir líneas de acción. En tanto, Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, apuntó a la falta de ejecución de fondos destinados a obras hidráulicas: “Podemos presentar proyectos, pero si el Ejecutivo no ejecuta, todo queda empantanado”.
Uno de los ejes más fuertes del encuentro fue la explicación de la denuncia penal presentada contra el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik; la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile; y funcionarios de la Autoridad del Agua y de la Dirección de Hidráulica bonaerense. La causa, que tramita en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, los acusa de estrago doloso por inundación, omisión impropia e incumplimiento de deberes de funcionario público.
“Por primera vez tuvimos que llegar a la Justicia, porque las autoridades conocían lo que estaba pasando y no hicieron nada”, explicó Córdoba. Donegani añadió que “no puede ser que todo dependa del criterio técnico o político de dos o tres personas”. Según los productores, el Plan Maestro del Río Salado lleva tres décadas de ejecución y aún está inconcluso, mientras que el abandono de los caminos rurales agrava cada año el impacto de las lluvias.
El encuentro concluyó con el compromiso de avanzar en la creación de una mesa de trabajo integrada por productores, legisladores y representantes del Ejecutivo. Mientras tanto, los vecinos rurales de Carlos Casares siguen esperando que las promesas se traduzcan en obras que devuelvan la conectividad y la seguridad productiva a la región.
