El ex jefe de inteligencia del gobierno de Hugo Chávez, Hugo “El Pollo” Carvajal, declaró ante la justicia de Estados Unidos que el régimen venezolano habría financiado con 21 millones de dólares la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.
Según su testimonio, los fondos fueron enviados mediante valijas diplomáticas, en una serie de al menos 20 vuelos previos al conocido episodio del “caso Antonini Wilson”, cuando el empresario venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar a la Argentina con 800 mil dólares sin declarar, dinero que fue incautado por las autoridades.
Carvajal aseguró que el envío de dinero formó parte de una estrategia del gobierno de Chávez para influir en procesos electorales de la región, con la colaboración de funcionarios argentinos que facilitaron el ingreso de las valijas sin inspección. En ese período, el actual candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores.
“El régimen venezolano financió ilegalmente campañas políticas en varios países de América Latina, incluyendo la de Cristina Kirchner, utilizando fondos de PDVSA”, habría señalado Carvajal ante la justicia estadounidense.
Contexto y antecedentes
Entre 2005 y 2007, el gobierno de Venezuela adquirió bonos de deuda argentina por más de 5.000 millones de dólares, lo que constituyó una fuente clave de financiamiento para la Argentina durante ese período. Estas operaciones, si bien fortalecieron los lazos políticos y económicos entre ambos países, generaron cuestionamientos sobre posibles beneficios cruzados y falta de transparencia.
El “caso Antonini” derivó en investigaciones judiciales tanto en Argentina como en Venezuela, aunque no hubo conclusiones firmes respecto de la responsabilidad de los funcionarios involucrados. En Caracas, el gobierno de Chávez desestimó las acusaciones y calificó el episodio como un hecho aislado.
Financiamiento regional
De acuerdo con informes diplomáticos y declaraciones de ex funcionarios, el gobierno de Chávez habría canalizado recursos hacia campañas políticas en otros países de América Latina, entre ellos Bolivia, Nicaragua y Uruguay, como parte de una estrategia para fortalecer gobiernos aliados y expandir la influencia de la Revolución Bolivariana.
Estas acciones incluyeron aportes económicos, asesoramiento estratégico y apoyo comunicacional a partidos y movimientos afines.
