La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba, a cargo de Juan Ávila Echenique, pidió la elevación a juicio de Gabriela Nahir Fernández (34), una detenida que fue trasladada a la cárcel de mujeres de Bouwer tras solicitar el cambio de género.
Está acusada de haber abusado sexualmente de siete internas y de contagiarlas de sífilis, enfermedad de transmisión sexual que portaba al momento de los hechos.
Los delitos imputados
La fiscalía le atribuye los delitos de abuso sexual simple reiterado, en concurso con abuso sexual gravemente ultrajante continuado, agravado por el conocimiento de ser portadora de una ETS.
En uno de los episodios, Fernández habría actuado junto a dos internas más —Ingrid Roxana Florindo (42) y Rocío Belén Montoya (26)— como coautora de abuso sexual con acceso carnal mediante objetos. Otro hecho está agravado por el uso de un arma en grado de tentativa.
Actualmente, la acusada permanece aislada en el penal femenino mientras se avanza en la preparación del juicio.
Un caso que abrió debate
El caso generó fuerte repercusión a nivel nacional porque reabrió la discusión sobre los traslados penitenciarios vinculados a la identidad de género.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó que se autoricen cambios de lugar de detención solo por autopercepción: “Se le otorgó el cambio a una persona que ya había cometido un abuso sexual afuera de la cárcel, se la trasladó a un penal de mujeres y volvió a abusar dentro”, señaló.
En Córdoba, la situación derivó en un debate institucional: la Provincia analiza adherir a la resolución nacional que impide modificar el lugar de detención por cambios de identidad de género posteriores a la condena. El criterio en estudio es que, si la sentencia es como varón, el cumplimiento sea en una unidad masculina; y si es como mujer, en un penal femenino.
