La Justicia Federal imputó a la pastora de la congregación Escuderos de Cristo, a su pareja y a una de sus hijas en una causa por trata de personas con fines de explotación laboral y ejercicio ilegal de la medicina. Además, se les prohibió salir del país y se dispuso la inhibición general de sus bienes.
La resolución fue dictada por el juez federal Santiago Inchausti, quien también ordenó el embargo de 11 vehículos, el bloqueo de cuentas bancarias y el peritaje de los teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos realizados la semana pasada en el predio de calle 72 entre 7 y 9, donde funciona el templo y centro de día de la congregación.
La investigación está a cargo de la fiscal Laura Mazzferri, responsable de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata. La causa se inició a partir de una denuncia sobre la presunta explotación laboral de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas personas en situación de calle y con problemas de adicción.
Los investigadores sospechan que en el lugar se ejercía de manera irregular la atención médica, por lo que durante los operativos se buscó documentación como registros, libros de actas, legajos personales, facturas e historias clínicas que pudieran respaldar esta hipótesis.
Escuderos de Cristo se presenta públicamente como un espacio de asistencia social, con un programa de voluntarios y un “Hogar para Hombres” destinado a mayores de 18 años en situación de calle o consumo problemático, cuyo ingreso es gratuito, voluntario y de carácter religioso.
En su descargo, la pastora Claudia Peyrano rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una fundación que trabaja desde hace años en Miramar en coordinación con programas sociales de la provincia de Buenos Aires.
