En medio de la tensión por el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, la Universidad de Buenos Aires anunció un plan de ajuste sin precedentes que deja en evidencia la crisis presupuestaria que atraviesa la institución.
La medida, que afecta servicios básicos y programas académicos, se da a horas de que el Congreso trate la continuidad del veto presidencial.
“No hay más plata en serio”, señaló una alta fuente del rectorado a la agencia NA, reflejando la gravedad de la situación y anticipando que las restricciones impactarán en el funcionamiento cotidiano de las facultades y en la vida de miles de estudiantes y docentes.
Las medidas adoptadas
El secretario de Hacienda de la UBA, Matías A. Ruiz, detalló que la resolución firmada por las autoridades alcanza a todas las facultades, sedes y dependencias de la universidad, con excepción de los hospitales universitarios y áreas críticas. Entre las disposiciones se destacan:
Prohibición del uso de aires acondicionados y calefacción, salvo en hospitales o en espacios donde resulten imprescindibles para la preservación de equipos tecnológicos.
Restricción del uso de ascensores, que quedarán disponibles únicamente para personas con movilidad reducida o situaciones de emergencia.
Suspensión del uso de gas en calderas de los edificios universitarios, también con excepción de hospitales y áreas técnicas.
Paralización de programas de investigación, ciencia y técnica, que dependerán de la disponibilidad de fondos.
Limitación del programa “UBA en Acción”, que solo podrá continuar con financiamiento externo o aportes privados.
Según adelantaron desde el rectorado, las restricciones estarán vigentes mientras el Congreso no revierta el veto presidencial, y todo indica que podrían extenderse durante el resto del cuatrimestre.
Presión al Congreso y movilización en las calles
La resolución de la UBA coincide con la convocatoria a la Tercera Marcha Federal Universitaria, prevista para este miércoles, en la que miles de estudiantes, docentes y no docentes exigirán a los legisladores que rechacen el veto de Milei.
Desde la comunidad educativa advirtieron que, de mantenerse la decisión presidencial, las condiciones de estudio y el desarrollo de los proyectos de investigación y extensión quedarán seriamente comprometidos.
