El Gobierno de Javier Milei vetó por completo la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que había sido sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
La norma establecía un esquema de financiamiento estable y sostenido para las universidades públicas de todo el país, además de garantizar la recomposición salarial de docentes y no docentes. El veto implica un nuevo revés para el sistema universitario, que atraviesa un fuerte conflicto por los recortes presupuestarios dispuestos por la administración nacional.
Qué proponía la ley vetada
El proyecto fijaba como objetivo “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública”, con partidas presupuestarias específicas para:
Asegurar la continuidad y finalización de estudios.
Mejorar las condiciones salariales y laborales de docentes y no docentes.
Impulsar la investigación, la extensión universitaria y la oferta académica.
Fortalecer programas de bienestar estudiantil y becas.
Incrementar recursos para infraestructura, equipamiento y digitalización.
Actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades según la variación del IPC a enero de 2025.
Los argumentos del Gobierno
Desde Casa Rosada justificaron el veto en la necesidad de mantener el control del gasto público y evitar lo que consideran una intromisión del Congreso en las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado.
