Luego de la negativa de 14 distritos de otorgar el bono de 60 mil pesos a los empleados estatales, el ministro de Economía recalcula y admite que no habría sanciones para el sector privado.
El intento del ministro de Economía y candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, de redimirse tras la devaluación del 22% y en medio de una escalada inflacionaria feroz, con un bono de 60 mil pesos para los trabajadores formales terminó por caer en saco roto.
Tras las quejas de distintos sectores privados y la rebeldía de los gobernadores propios y ajenos, ante el pago de una suma fija en dos tramos, para paliar los efectos de la suba de precios que se estima que en agosto alcance las dos cifras, el funcionario determinaría que el abono no será de carácter obligatorio.
Es que luego del anuncio que hizo el líder de la cartera económica, a través de sus redes sociales, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, salió a aclarar que todos aquellos empresarios del sector privado que no paguen la bonificación serian multados, incluso pidió la colaboración de los sindicatos para que se cumpla la medida.
De hecho, la funcionaria anunció que se estaba trabajando en un Decreto para obligar a los empleadores a otorgar el pago de los 60 mil pesos. Sin embargo, en las últimas horas y teniendo en cuanta que la adhesión para las provincias era de forma voluntaria según el texto de la medida, 14 gobernadores decidieron no pagarlo.
Lo que desató una ola mayor de críticas desde el ámbito privado por la falta de equidad en cuanto a la reglamentación de la media. Ante ello, Massa, dio marcha atrás y aclaró que: “Las provincias son autónomas, y cada gobierno pagará el costo político si los dan o no”, según informaron en el medio La Nación.
