En la Defensoría del Pueblo recibieron 2402 reclamos por problemas de vivienda en lo que va de 2023, de los cuales 1040 son demandas de inquilinos por vulneración de sus derechos, entre ellos las condiciones del contrato.
La Ley de Alquileres acaba de cumplir tres años y el malestar de inquilinos y propietarios también. Hace días, el oficialismo se negó a tratarla en Diputados y quedó pendiente su derogación, o por lo menos establecer algunos cambios dentro de la norma, para luego de las PASO, en la sesión del 23 de agosto, donde la oposición tampoco ofrece garantías de mejoras.
En este lapso desde su aprobación a la fecha, la oferta de propiedades para rentar registró una caída hasta 45%, según datos del Colegio Inmobiliario, y aumentos muy por arriba de la inflación para los nuevos contratos.
En el medio, se multiplican los casos de personas que lograron ingresar en unidades que están regidas por la normativa y se encuentran con un mensaje insólito por parte del propietario o de la inmobiliaria: un pedido de dar “aumento voluntario”, es decir, de que hagan un “esfuerzo” por fuera del incremento anual.
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Cientos de propietarios argumentan que el aumento interanual del valor de los alquileres -que casi siempre quedó por debajo de la inflación previa porque combina el devenir de los salarios con el de los precios- no logró compensarlos, por lo que recurrieron a pedir “subas voluntarias”, algo que, a todas luces, incumple el contrato firmado.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recibió un total de 2402 reclamos por problemas de vivienda en lo que va de 2023, de las cuales 1040 son denuncias de inquilinos por vulneración de sus derechos, comentaron desde el organismo que encabeza María Rosa Muiños.
Entre los principales motivos de consulta de las personas inquilinas, se encuentran los contratos o renovaciones de plazo inferior al legal (3 años) y actualización de precios y/o depósitos en garantía fuera de los parámetros establecidos en la normativa vigente, entre otras irregularidades.
“Para la actualización, el único monto que es válido es el que está por ley, que es el coeficiente que establece la normativa. Todos los acuerdos voluntarios o de palabra están en contra de la ley. El coeficiente se actualiza en la página del Banco Central”, aclararon desde el organismo.
En el mismo sentido, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires sostuvieron que el precio del alquiler bajo la Ley de Alquileres “tiene que ser respetado porque es parte de ese contrato”. La institución asesora a inquilinos de manera preventiva para que conozcan sus derechos y las reglamentaciones existentes.
“Aconsejamos que no firmen nada antes de estar seguros de qué se está firmando porque el aumento ‘voluntario’ generalmente va de la mano de la firma de un acuerdo complementario que luego es válido y exigible entre las partes”, añadieron.
