28 marzo 2024

Piden agravar las penas para agresores que incumplan la perimetral

La diputada por el Frente de Todos, Carolina Gaillard, presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal. 

La diputada, Carolina Gaillard, presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal y agravar las penas tanto para cuando un agresor incumpla con la restricción perimetral en casos de violencia de género como para el funcionario que demore las medidas pertinentes.

"Buscamos llegar antes de que el femicidio ocurra y salvaguardar la vida de la mujer porque un minuto es un montón cuando se está siendo acosada y amenazada", dijo la legisladora del Frente de Todos.

La iniciativa, a la que adhirieron otros 40 diputadas y diputados nacionales, busca "resolver la dilación en las causas que se tramitan por denuncias por violencia de género" y establecer "celeridad en la respuesta ante el incumplimiento de medidas de protección".

La norma modifica el Código Penal y la ley 26.485 de 'Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres' para "agravar también la pena a los jueces y autoridades que incumplan sus funciones".

Si el agresor incumple la restricción perimetral y el juez o funcionario "no dispone la detención del agresor y ocurriere el femicidio, es una falta grave", apuntó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja.

Por otra parte, la diputada nacional agregó que también se establece que el juez de faltas o civil "informe al juez penal el incumplimiento de esa orden de restricción en menos de 24 horas".

El proyecto establece que el funcionario judicial que demore su accionar en denuncias por violencia de género o familiar será reprimido con uno a seis años de prisión y cuando el agresor desobedezca una resolución judicial la pena será de 3 a 5 años de prisión.

Asimismo, se incorpora en el artículo 249 del Código que será reprimido con prisión de quince días a un año quien se resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.

El proyecto se da en el marco del reciente femicidio de Ursula Bahillo, la joven de la ciudad bonaerense de Rojas, asesinada por su exnovio policía, Matías Martinez luego de haber realizado 18 denuncias por violencia de género.

Después del aberrante hecho, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires intervino las comisarías de Rojas, al tiempo que la madre de la víctima pidió "prisión perpetua" para el acusado quien quedó formalmente imputado por femicidio más los agravantes de "alevosía" y "ensañamiento".

En referencia al hecho, Galliard dijo que "es tarde cuando el Estado interviene porque muchas veces ocurre que no está claro cuál es el procedimiento y no se actúa con premura” por lo que pidió "recapacitarnos como gente del Estado" y "humanizar a la Justicia”.