La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires rechazó la autorización que el gobierno de María Eugenia Vidal le otorgó a las empresas eléctricas de cobrar un aumento extra en las tarifas para que compensen la suba de los costos mayoristas y de distribución.
Sábado 16 de febrero de 2.019.
De esta forma, los usuarios deberán costear las pérdidas que las empresas aducen como resultado de la inflación. “Es otra muestra más de que el gobierno le da la espalda a los bonaerenses a favor de las ganancias de las compañías”, criticó el titular del organismo, Guido Lorenzino.
Además, no descartó “ir a la Justicia si no se da marcha atrás con esta decisión que perjudican a los usuarios, acorralados por la seguidilla de aumentos, y que afecta por sobre todas las cosas a los que menos tienen”.
El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba) autorizó hoy a las empresas EDEN, EDEA, EDES Y EDELAP a cobrar un recargo extra desde el 1 de febrero a modo “de compensación” para “recuperar en su facturación además de las diferencias en la aplicación de los costos mayoristas de electricidad las diferencias generadas en el costo propio de distribución”, según reza la Resolución 30/19 publicada en el Boletín Oficial.
El marco legal que posibilita a las distribuidoras de electricidad a cobrar el denominado “Incremento de Costos Tarifarios” fue creado por el propio gobierno provincial mediante la Resolución 186/19 del Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos.
“Este recargo hará que el aumento pautado del 36% en promedio para todas las categorías pase a un 55%”, detalló Lorenzino. “Es una medida que impacta de manera directa en la facturación de todos los usuarios, incluyendo las Pymes, beneficiarios de Tarifa Social y las entidades de bien público”, concluyó.
