Un grupo de productores rurales del partido bonaerense de Tapalqué presentó una demanda colectiva para que la Justicia determine si es válido el cobro de la tasa vial municipal cuando el servicio de mantenimiento de los caminos rurales no se presta de manera efectiva.
La causa se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Azul y podría transformarse en un nuevo antecedente con impacto en numerosos municipios de la provincia.
El planteo cobra especial relevancia porque se suma a recientes fallos judiciales que declararon ilegítimo el cobro de tasas viales en distritos como Daireaux, Azul y Carlos Casares, al considerar que existía una evidente falta de contraprestación por parte de los municipios.
En la presentación, los productores también cuestionan el destino de los fondos recaudados, al sostener que parte de esos recursos habría sido utilizada para afrontar gastos corrientes de la administración municipal, en lugar de destinarse al mantenimiento de la red vial rural, tal como prevé la Ley 13.010.
Un antecedente que podría multiplicar los reclamos
Si la Justicia hace lugar a la demanda, el caso de Tapalqué podría generar un efecto dominó en otros distritos bonaerenses donde productores vienen denunciando el deterioro de los caminos rurales y cuestionando el destino de la recaudación de la tasa vial.
Uno de esos casos podría ser el de 9 de Julio, donde las intensas lluvias de los últimos meses dejaron una extensa red de caminos en condiciones críticas. Entidades rurales y productores han advertido que miles de hectáreas permanecen afectadas por las inundaciones y que numerosos establecimientos continúan con serias dificultades para sacar la producción, transportar hacienda y garantizar el acceso a escuelas rurales.
En ese contexto, un fallo favorable a los productores de Tapalqué podría alentar presentaciones similares en otros municipios donde exista la percepción de que el servicio por el cual se cobra la tasa no se presta de manera adecuada o resulta insuficiente.
La discusión excede lo tributario y pone el foco en un principio básico: que toda tasa municipal debe estar respaldada por una prestación efectiva del servicio que financia. Si la Justicia continúa consolidando ese criterio, los municipios podrían enfrentar una creciente ola de reclamos judiciales por parte del sector agropecuario.
