El Senado de la Nación debatirá este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que propone agilizar los desalojos de inquilinos ante incumplimientos en el pago de alquileres y modificar aspectos vinculados a la propiedad de la tierra.
La propuesta establece que los propietarios puedan exigir la restitución de un inmueble luego de transcurridos diez días desde la notificación por falta de pago. Actualmente, el plazo contemplado para este tipo de situaciones es considerablemente mayor, ya que se requieren al menos dos meses consecutivos de incumplimiento.
El proyecto fue elaborado bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y forma parte de un paquete de reformas orientadas a fortalecer los derechos de propiedad.
La iniciativa genera preocupación entre organizaciones de inquilinos, que advierten sobre el impacto que podría tener en un contexto económico complejo. Según datos difundidos por Inquilinos Agrupados, siete de cada diez personas que alquilan mantienen algún tipo de endeudamiento y destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda.
Durante las negociaciones parlamentarias, el oficialismo introdujo modificaciones para facilitar la obtención de consensos. Entre ellas, se eliminó del texto la posibilidad de aplicar desalojos en barrios populares registrados en el RENABAP, una decisión que llegó tras cuestionamientos de organizaciones sociales y sectores de la Iglesia.
Otro de los puntos centrales del proyecto apunta a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa elimina las limitaciones vigentes, aunque incorpora la obligación de contar con la aprobación de los gobiernos provinciales para concretar este tipo de operaciones.
Además, la propuesta modifica la Ley de Manejo del Fuego al eliminar las restricciones que actualmente impiden vender o cambiar el uso de terrenos afectados por incendios. La normativa vigente establece prohibiciones que pueden extenderse hasta 60 años, dependiendo de las características de la zona afectada.
Desde el oficialismo sostienen que esas limitaciones afectan el derecho de propiedad y desalientan la inversión. En cambio, sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas consideran que la medida podría favorecer maniobras especulativas vinculadas a incendios intencionales.
El proyecto será tratado en el Senado en una sesión que se anticipa de alto voltaje político. El Gobierno confía en reunir los votos necesarios para obtener la media sanción y avanzar con una de las reformas que considera estratégicas dentro de su agenda legislativa.
