La Justicia dio un paso clave en la causa Vialidad al ordenar la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y el empresario Lázaro Báez, con el objetivo de cubrir el monto fijado en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La medida se inscribe en la etapa de cumplimiento de la sentencia, orientada a recuperar el dinero considerado desviado en la obra pública en Santa Cruz.
El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, de la Cámara de Casación, quienes avalaron avanzar sobre propiedades, empresas y otros activos de los condenados. En total, el decomiso alcanza 111 inmuebles, de los cuales 84 pertenecen a Báez, mientras que 19 están a nombre de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. En tanto, solo un bien figura directamente a nombre de la ex mandataria: un terreno en El Calafate.
La resolución también prevé que, si estos activos no alcanzan para cubrir la cifra total —actualizada a valores millonarios—, se avance sobre el patrimonio de otros condenados, como el ex secretario de Obras Públicas José López y ex integrantes de Vialidad Nacional.
En sus defensas, los involucrados intentaron limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin vinculación directa con los hechos investigados. Sin embargo, la Justicia rechazó esos planteos y remarcó que la recuperación de los fondos debe ser “real y efectiva”, consolidando así uno de los capítulos finales de uno de los casos de corrupción más resonantes del país.
