El reclamo por la paralización de la autovía sobre la Ruta Nacional 5 volvió a escalar en las últimas horas, luego de que el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Falcone (MID), llevara la preocupación directamente a las autoridades de Vialidad Nacional.
El legislador, oriundo de Chivilcoy, mantuvo un encuentro con el administrador general del organismo, Marcelo Godoy, a quien le transmitió el malestar creciente por la falta de avances en el tramo Mercedes–Suipacha, uno de los sectores más sensibles por su tránsito intenso y el alto nivel de siniestralidad.
Según se expuso en la reunión, la obra se encuentra detenida por la falta de financiamiento desde el Ministerio de Economía, a lo que se suma la decisión de la empresa CPC, vinculada al empresario Cristóbal López, de suspender completamente las tareas. Desde Vialidad, sin embargo, marcaron diferencias con otros contratistas que, pese a enfrentar el mismo escenario de retrasos en los pagos, optaron por sostener la actividad.
Falcone insistió en la necesidad de reactivar de manera urgente la construcción de la doble calzada, al considerar que se trata de una intervención clave para mejorar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del oeste bonaerense.
En paralelo, durante el encuentro se abordó el proceso licitatorio del denominado “Tramo Pampa”, cuya apertura de sobres con ofertas económicas se concretaría en los próximos días. Este paso será determinante para definir la futura concesión del corredor.
No obstante, el pliego vigente no establece la obligación de ejecutar grandes obras, aunque tampoco las excluye, lo que deja abierta la puerta a eventuales inversiones estructurales, dependiendo de las condiciones que finalmente se acuerden.
Por otra parte, desde Vialidad confirmaron que la Ruta Nacional 5 forma parte de un plan en evaluación por parte del Gobierno nacional, que contempla distintas alternativas de intervención, entre ellas la construcción de autopistas, esquemas de “ruta segura” y la incorporación de terceros carriles, bajo un modelo de financiamiento privado a través de peajes.
Mientras tanto, la falta de definiciones concretas y la obra detenida siguen alimentando la preocupación en toda la región, donde la autovía es considerada una infraestructura clave y largamente postergada.
