El nuevo esquema de “normalización” del sistema eléctrico impulsado por el Gobierno nacional genera creciente preocupación entre especialistas, cooperativas y fuentes provinciales, que advierten sobre un posible “shock tarifario”, una mayor concentración empresarial y fuertes desigualdades en el acceso a la energía.
La Resolución 400/2025, firmada por la Secretaría de Energía, introduce cambios estructurales que podrían provocar aumentos en dólares y volatilidad en los precios del servicio.
Desde el ámbito provincial, señalaron que la salida de CAMMESA como operador central debilita la posición contractual de las distribuidoras y abre la puerta a que las grandes generadoras privadas concentren el control del mercado. Además, las centrales térmicas bajo control estatal —actualmente administradas por ENARSA— pasarán a operar bajo el régimen “spot” hasta su privatización, reduciendo la capacidad del Estado para amortiguar las subas en momentos de alta demanda o baja hidraulicidad.
Otro aspecto cuestionado es la exigencia impuesta a nuevos grandes consumidores, como parques industriales o centros de datos, de garantizar su propia capacidad de generación y respaldo físico, lo que podría desalentar inversiones o profundizar las asimetrías regionales. También se advierte sobre la falta de coordinación entre el nuevo esquema nacional y los marcos regulatorios provinciales, lo que podría derivar en conflictos de facturación, demoras tarifarias y la reaparición de deudas entre distribuidoras y CAMMESA.
El sector cooperativo bonaerense, por su parte, expresó su preocupación por la obligación de negociar directamente con los generadores, ya que los contratos se pactarán en dólares y podrían trasladar mayores costos a los usuarios residenciales. “Si una cooperativa firma un mal contrato, el vecino podría terminar pagando más que en otra ciudad, rompiendo la equidad del sistema”, señalaron representantes del sector, que también advierten sobre la fragilidad financiera de las cooperativas frente a un mercado dolarizado. Aunque algunos referentes consideran que el nuevo escenario podría abrir oportunidades para crear comercializadoras propias, reconocen que el principal desafío será sostener a los usuarios residenciales en un sistema sin red de contención.
