La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional archivó una denuncia por supuesta desobediencia judicial.
La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de los directivos de Lácteos Vidal en la causa penal impulsada por el gremio Atilra por presunta desobediencia judicial y resolvió archivar la denuncia. El conflicto se originó cuando el juez José Ignacio Ramonet ordenó la reincorporación de trabajadores despedidos por la fábrica tras un bloqueo en la planta de la localidad bonaerense de Moctezuma hace casi tres años. La empresa no acató la medida y argumentó que era de imposible cumplimiento debido a la pérdida de confianza en los empleados involucrados. La decisión se da después de casi un año desde que el magistrado imputara a los empresarios por "desobediencia".
En ese ir y venir de la causa, el fiscal interviniente consideró que “no correspondía imputar a los responsables”, ya que el presidente de la firma, Vidal Bada Blanco, “no había sido notificado personalmente”, y la comunicación judicial se dirigió al abogado de la firma, Eduardo Darriba. La causa había sido caratulada como “resistencia o desobediencia a funcionario público denunciante del Juzgado del Trabajo N.69″, juzgado donde tiene injerencia Ramonet, a cargo del conflicto laboral. A pesar de las apelaciones de Atilra, tanto el fiscal general como la Cámara de Apelaciones ratificaron el sobreseimiento para cerrar el capítulo penal de la disputa.
Alejandra Bada Vázquez, una de las dueñas de Lácteos Vidal, indicó: “Encima de haber sido atacados por el sindicato de Atilra con la huelga ilegal e ilegítima, otro de los daños colaterales fue recibir una denuncia por desobediencia al no poder cumplir la orden de reincorporación, que era de imposible cumplimiento porque nosotros, haciendo alimentos, nunca podríamos trabajar con gente a la que le perdimos totalmente la confianza”, precisó.
Según agregó la empresaria, incluso “los propios compañeros que siguieron trabajando tienen derecho a trabajar en un ambiente sano con gente a la que le tienen confianza”. Contó que el sobreseimiento los tomó por sorpresa. “Es obvio que una empresa privada tiene derecho a despedir y a no reincorporar, porque la reincorporación es un invento de sindicalistas y de jueces que no respetan la propiedad privada. A nosotros nos sorprendió la denuncia, cuando además fue una medida cautelar sobre una huelga que fue ilegal e ilegítima, donde no se respetaron los pasos que tienen que seguir, según la ley de asociaciones sindicales", amplió.
Con información de Casares On Line y La Nación.
