El oficialismo buscará avanzar en el Senado con un proyecto de ley destinado a regularizar contratos de obra pública que permanecen paralizados desde hace años. La iniciativa propone crear un régimen excepcional para cerrar administrativamente esos expedientes mediante acuerdos con las empresas contratistas, con el objetivo de reducir la cantidad de litigios contra el Estado.
El proyecto fue presentado por el senador de La Libertad Avanza Enzo Fullone y cuenta con el acompañamiento de la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, además de otros legisladores del espacio. La propuesta integra el paquete de iniciativas que el Gobierno nacional pretende impulsar durante el segundo semestre.
La norma prevé un régimen con una vigencia de 24 meses, pensado para resolver contratos de obras que, en algunos casos, permanecen abiertos desde hace más de veinte años. El mecanismo establece que el Estado abonará una suma final, calculada sobre criterios técnicos y objetivos, a cambio de que las empresas renuncien de manera definitiva a iniciar o continuar reclamos judiciales o administrativos relacionados con esos contratos.
Entre los incentivos previstos para las contratistas figuran la condonación de multas generadas durante la paralización de las obras, la liberación de garantías y la posibilidad de regularizar su situación en el Registro de Constructores, siempre que no existan responsabilidades por dolo o culpa grave. A su vez, las empresas deberán desistir de reclamar indemnizaciones por lucro cesante u otros conceptos derivados de la interrupción de los trabajos.
Uno de los ejes del proyecto es la creación de una "certificación de cierre", un documento mediante el cual el Estado reconocerá un pago único para compensar gastos como el mantenimiento de obradores, vigilancia o acopio de materiales. Ese monto surgirá de un informe técnico que analizará el avance de la obra, el tiempo de paralización, las causas que motivaron su interrupción y la conveniencia de cerrar el expediente.
La iniciativa busca poner punto final a miles de contratos que continúan abiertos pese a que muchas obras fueron concluidas parcialmente, quedaron inconclusas o nunca se reanudaron. Para el Gobierno, el objetivo es ordenar administrativamente estas situaciones, disminuir la exposición del Estado a futuros juicios y brindar mayor previsibilidad en materia de obra pública.
