El Concejo Deliberante de Chivilcoy dio despacho favorable a un proyecto de ordenanza que propone implementar análisis toxicológicos periódicos y obligatorios para funcionarios públicos, una iniciativa que podría marcar un precedente en la región y abrir el debate sobre la posibilidad de que medidas similares sean impulsadas en otros distritos.
La propuesta, presentada por el concejal Juan Martín Echeverría (Expediente 1697 H), apunta a fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función pública, promover la confianza ciudadana y establecer una herramienta de carácter preventivo y sanitario para quienes ocupan cargos políticos.
De ser aprobada definitivamente, la ordenanza alcanzará al intendente, concejales, secretarios, subsecretarios, directores y a todo el personal político del municipio.
El texto establece que los análisis deberán realizarse al momento de asumir el cargo y luego de manera anual. Además, contempla la posibilidad de efectuar controles sorpresivos cuando existan fundamentos que los justifiquen.
Para resguardar las garantías de los funcionarios, la iniciativa dispone que todo resultado positivo deberá ser confirmado mediante una contraprueba realizada en un laboratorio habilitado. Asimismo, asegura la estricta confidencialidad de la información obtenida, conforme a lo establecido por la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales.
En caso de confirmarse un resultado positivo, el funcionario deberá someterse a una evaluación médica y, de ser necesario, iniciar un tratamiento adecuado. Si la situación comprometiera su aptitud para ejercer el cargo, podrán disponerse las licencias correspondientes. Por otra parte, la negativa injustificada a realizarse los análisis será considerada un incumplimiento de los deberes inherentes a la función pública.
La ordenanza también establece que los costos de los estudios serán afrontados por la Municipalidad de Chivilcoy y otorga al Departamento Ejecutivo un plazo de 90 días para designar la autoridad de aplicación y reglamentar el sistema.
El proyecto deja expresamente aclarado que no modifica las condiciones constitucionales de acceso, permanencia o remoción de los funcionarios, ni altera lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Su objetivo es exclusivamente preventivo, sanitario y de fortalecimiento institucional.
La iniciativa ya comenzó a generar repercusiones más allá de Chivilcoy. Al tratarse de uno de los primeros municipios de la región en avanzar con una medida de estas características, el proyecto podría convertirse en un antecedente para otros concejos deliberantes bonaerenses.
El interrogante ahora es si esta propuesta quedará como una experiencia aislada o si comenzará a replicarse en otros distritos del interior, donde el debate sobre la transparencia, la responsabilidad en la función pública y los mecanismos de control cobra cada vez mayor protagonismo.
