El Senado de la Nación comenzará a debatir este miércoles una reforma clave de la ley de Salud Mental, impulsada por el Gobierno nacional, que propone habilitar internaciones no voluntarias y reconocer formalmente a las adicciones como parte de las enfermedades de salud mental.
El tratamiento se dará en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, en una jornada que marcará el inicio de una discusión sensible y con posturas enfrentadas. La iniciativa incorpora modificaciones de fondo respecto de la normativa vigente, sancionada en 2010.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la posibilidad de realizar internaciones sin el consentimiento del paciente. A diferencia de la ley actual, que limita estas situaciones a escenarios extremos bajo el concepto de “riesgo cierto e inminente”, la propuesta introduce una nueva definición: “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
El texto sostiene que la internación debe seguir siendo un recurso terapéutico excepcional, pero habilita su aplicación cuando se considere que aporta mayores beneficios que otras alternativas en el entorno familiar o social. Además, establece que toda internación involuntaria deberá ser comunicada a la Justicia en un plazo de 24 horas, con la correspondiente documentación enviada dentro de las 48 horas.
Otro punto clave es la incorporación de las adicciones dentro del campo de la salud mental. El proyecto plantea que el consumo problemático de sustancias —tanto legales como ilegales— debe ser abordado desde una perspectiva integral, contemplando las particularidades de cada persona y garantizando sus derechos.
En paralelo, la iniciativa refuerza el rol de los profesionales médicos, especialmente de los psiquiatras, dentro de los equipos interdisciplinarios. Si bien se mantiene este enfoque, se otorga mayor peso a la evaluación clínica en decisiones vinculadas a diagnósticos, tratamientos e internaciones.
La propuesta cuenta con el respaldo de familiares de personas con adicciones, que reclaman herramientas más eficaces frente a situaciones críticas. Sin embargo, es cuestionada por sectores de la oposición y organismos de derechos humanos, que advierten sobre posibles retrocesos en materia de garantías individuales.
El debate recién comienza y se anticipa extenso, en torno a una legislación que atraviesa aspectos médicos, sociales y jurídicos de alta sensibilidad.
