La renta agrícola argentina vuelve a quedar en el centro de la escena: según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el Estado se queda con el 62,5% de lo que genera el campo, en un contexto agravado por el impacto internacional de la guerra en Medio Oriente.
El conflicto, con eje en el estrecho de Ormuz, encareció insumos clave como la urea y el combustible, afectando directamente la rentabilidad de los productores.
El Índice FADA de marzo 2026 reflejó un salto de 6,1 puntos respecto de diciembre del año pasado, impulsado por un doble efecto: aumento de costos productivos y actualización de impuestos provinciales y municipales. En términos concretos, de cada $100 que genera una hectárea, $62,5 se destinan a tributos, en un escenario donde la renta se achica pero la presión fiscal se mantiene o incluso crece en términos relativos.
El análisis por cultivo muestra situaciones dispares, aunque todas con caída en la rentabilidad. La soja presenta una carga del 61,6%, el maíz del 56,8% y el girasol escala al 80,3%. Sin embargo, el dato más crítico se da en el trigo, donde la presión impositiva alcanza el 104,4%, es decir, supera incluso la renta generada, dejando al cultivo en una situación económicamente inviable.
A este panorama se suma un fuerte incremento en los costos: la urea subió más del 40% desde diciembre, los salarios agrícolas un 33% y los fletes también aumentaron por el impacto del combustible. Además, los impuestos provinciales y tasas municipales ganaron peso tras sus actualizaciones de بداية de año. El resultado es un escenario cada vez más exigente, donde producir requiere más recursos y deja márgenes cada vez más ajustados.
