El Gobierno nacional confirmó que promulgará la ley de discapacidad ratificada por el Congreso, tras el rechazo al veto presidencial, aunque aclaró que por ahora no la reglamentará.
Según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la medida quedará en suspenso hasta definir de dónde saldrán los fondos para su financiamiento.
Francos sostuvo que el Ejecutivo no judicializará la norma, pero advirtió que su aplicación está condicionada: “No me pueden endilgar a mí que vea de qué partidas salen los recursos. Si fuera por mí lo analizaría con el ministro del área y las comisiones del Congreso, porque esto abre la puerta a nuevas pensiones por discapacidad”.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la ley podría sumar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, con un costo fiscal estimado de entre $1,8 y $3,6 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. Además, prevé $278.323 millones para compensaciones a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.
Uno de los ejes centrales de la norma es la ampliación de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, destinadas a personas con CUD, ingresos inferiores a dos salarios mínimos y sin beneficios similares. La asignación será del 70% de la jubilación mínima y compatible con empleo formal dentro del tope fijado.
La ley también dispone la conversión automática de las pensiones ya otorgadas, refuerza el sistema de prestaciones básicas y crea un régimen de regularización fiscal para actores del sector.
