En las últimas horas, una publicación realizada en redes sociales por una vecina de la ciudad generó un intenso debate en la comunidad en torno al cumplimiento de las normas de tránsito, la proporcionalidad de las sanciones, la responsabilidad ciudadana y el accionar del Juzgado de Faltas municipal.
Imagen ilustrativa.
La vecina en cuestión expresó públicamente su malestar tras ser multada con una suma de $500.000 y sufrir el secuestro de su motocicleta, luego de haber sido detenida en un control vehicular en el que se constató que no llevaba casco ni documentación al momento del operativo.
Si bien reconoció la infracción, consideró “desproporcionado” el monto de la multa en relación al valor del vehículo, y cuestionó lo que definió como una lógica “meramente recaudatoria” por parte del municipio.
Además, señaló que no se le habría permitido realizar un descargo ni ser escuchada en audiencia, a pesar de no contar con antecedentes previos. “Fue un error no llevar los papeles encima, pero los tengo todos en regla.
“Me parece injusto que no se me haya dado la oportunidad de explicarlo”, afirmó en su publicación, que rápidamente comenzó a circular por diversos grupos locales, recibiendo tanto apoyos como críticas.
El caso también volvió a poner en discusión el rol del Juzgado de Faltas y, particularmente, de la jueza Florencia Valinotti, a quien la denunciante apuntó por estar procesada e inhabilitada para ejercer cargos públicos, una situación que, según sostuvo, “agrava aún más lo sucedido”.
La controversia desatada reavivó posturas encontradas entre vecinos: por un lado, quienes sostienen que el cumplimiento estricto de las normativas de tránsito es fundamental para garantizar la seguridad vial, y por otro, quienes exigen mayor equidad y humanidad en la aplicación de sanciones, especialmente en casos donde no se registraron maniobras peligrosas o antecedentes previos.
En este contexto, organismos municipales, autoridades de tránsito y referentes vecinales se vieron interpelados a pronunciarse sobre el tema, ante un creciente reclamo por mayor transparencia, revisión de los criterios sancionatorios y respeto por los derechos ciudadanos en el marco de un Estado de derecho.
La situación también abrió la puerta a discusiones más amplias sobre la educación vial, la justicia contravencional y el rol del municipio en la prevención más que en la sanción, en un momento en el que las problemáticas vinculadas a la seguridad y la convivencia urbana ocupan un lugar central en la agenda local.
LA PUBLICACIÓN ORIGINAL DE LA VECINA
“Quiero expresar públicamente mi profunda indignación y decepción por la situación vivida con el secuestro de mi motocicleta y la posterior multa impuesta.
Reconozco que cometí una infracción al no llevar casco ni documentación en el momento del control, pero considero completamente desproporcionado el monto de la multa que me impusieron: $500.000, cuando mi moto tiene un valor aproximado de $1.200.000. Esta cifra no solo me parece excesiva, sino que refleja una lógica meramente recaudatoria por parte del municipio.
Además, me resulta gravísimo que no se me haya otorgado la posibilidad de hacer un descargo ni de ser escuchada en audiencia, como corresponde en un Estado de derecho. Como ciudadana sin antecedentes, que nunca antes tuvo una infracción, considero que al menos merecía ser recibida para poder explicar lo sucedido.
Aclaro que el día del hecho, iba manejando con mi hija menor de edad, Martina, paseando tranquilamente un domingo. No íbamos a alta velocidad, ni cometimos ninguna imprudencia. Fue un error, sí, no llevar el casco ni la documentación en mano, pero la moto está en perfectas condiciones y tengo todos los papeles en regla. Simplemente, los tenía en casa.
Para poder recuperar mi moto, me vi obligada a pagar esa suma descomunal, pero no me voy a quedar callada. Me duele como vecina que el trato haya sido tan frío, tan poco humano. Y más aún, saber que la persona que fijó ese monto de multa —la jueza de faltas Florencia valinotti— está procesada e inhabilitada para ejercer cargos públicos. ¿Cómo es posible que alguien en esa situación siga teniendo poder para tomar decisiones que afectan tan directamente a los ciudadanos?
Hago este descargo porque no quiero que le pase lo mismo a otra persona. Porque creo en el respeto, pero también en la justicia. Porque tengo derechos, y como ciudadana, exijo que sean respetados.
Y porque creo que todavía podemos construir un sistema más justo, donde las normas se cumplan, pero también donde las personas puedan defenderse, ser escuchadas y no sean tratadas simplemente como un número para recaudar”.
