Martín Guzmán volverá a la carga con la necesidad de aplicar segmentaciones a los subsidios a las tarifas de los servicios públicos en la electricidad y el gas.
El ministro de Economía busca reducir el abultado monto de dinero que el sector público debe destinar a aplanar el costo a los ciudadanos de las tarifas, y lograr el complicado fin que el Estado sólo subsidie a los consumidores que lo necesiten. O, como mínimo, que el dinero no se destine a los sectores de mayores ingresos. Dicho en términos del ministerio de Economía, dejar de aplicarlo “a los ricos”.
El funcionario cuenta, ahora sí, con el apoyo del resto del gabinete económico nacional, para que la segmentación sea una realidad para el 2022; pero que se diseñe durante el segundo semestre del año.
Para lograr avanzar en el tema, Guzmán aplicará la misma estrategia que con las negociaciones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI): blindar la discusión, que no se convierta en un debate público, y que sólo llegue al conocimiento general cuando el proyecto esté terminado.
Y, obviamente, presentado en sociedad luego de las elecciones legislativas del noviembre. Otra vez, igual que en el caso de la negociación con el organismo que maneja Kristalina Georgieva.
Liquidación récord de divisas por parte de la agroindustria en julio y en lo que va de 2021
El objetivo de Guzmán es reducir el abultadísimo porcentaje sobre el PBI que tienen los subsidios a las tarifas públicas, dato que inmediatamente se traslada al déficit fiscal. Según los números en los que coinciden tanto el sector público como los privados, este 2021 se deberá destinar un 2% del PBI a atender esta cuenta, incluyendo la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas.
Se suman, además del consumo directo de las familias por el suministro, las garrafas y el transporte automotor, ferroviario y aerocomercial. Según un informe de comienzo de año de la consultora Ecolatina, “los subsidios energéticos representaron tres de cada cuatro pesos gastados en transferencias económicas corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, siendo equivalentes a casi el 2% del PBI”.
