Lunes 15 de febrero de 2016.
La gobernadora María Eugenia Vidal dio la orden de apurar una profunda reforma de la policía Bonaerense que en los planes oficiales contempla cambios en la cúpula de la fuerza, simplificación de las estructuras territoriales, un nuevo esquema anti narco, auditorias civiles sobre todos los efectivos, publicación de declaraciones juradas de los jefes y transferencia de fuerzas a los municipios.
En silencio, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, venía diseñando la reforma en silencio desde la crisis por la triple fuga de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y de Víctor Schillaci, a la que respondió con una purga parcial de la cúpula. Pero en las últimas horas, después de una serie de consultas con intendentes y de una reunión clave con Sergio Massa, Vidal dio la directiva de apurar el paso.
El reclamo de varios alcaldes, que hicieron llegar a la gobernadora sus quejas por la continuidad de los hechos delictivos, terminaron de convencer a la gobernadora de que no es posible postergar la reforma de la institución sin la cual la pelea contra la inseguridad, que sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y fue una de sus promesas centrales de campaña, no puede ganarse.
Por eso, en las próximas horas, Ritondo hará una amplia convocatoria a todas las fuerzas parlamentarias para conformar una comisión que sirva para consensuar al máximo posible un proyecto de ley que disponga la reforma. La intención del gobierno es que, con trabajo previo ya hecho, Vidal anuncie las líneas centrales de la reforma en su discurso ante la Asamblea Legislativa en marzo, y que el texto se apruebe ese mismo mes.
Mientras tanto, Ritondo comenzó a discutir con intendentes y legisladores los lineamientos centrales del nuevo esquema. Las charlas más avanzadas, además de las que mantuvo con representantes de Cambiemos, son las que se desarrollaron con el Frente Renovador, que involucraron al propio Sergio Massa. Incluso ese sector, clave para el trámite parlamentario del proyecto, ya dio su visto bueno a buena parte de las medidas.
Conceptualmente, dijeron fuentes que participan del diseño de los cambios, la intención es revertir los cambios que en su momento introdujo León Arlanián: “el rompió la estructura vertical de la fuerza, y la dividió el cinco policías, nosotros queremos hacer todo lo contrario”, explicaron. Por eso, la intención es modificar la Ley de Organización de las Policías de Buenos Aires, que estableció aquella reforma.
En el diagnóstico que hacen las autoridades actuales y sus interlocutores de la oposición, esa reforma, que quedó inconclusa “por resistencia de los propios policías”, tuvo por resultado una burocratización del funcionamiento, que hace más lenta la actuación y más dispersa, porque “una orden de la cúpula es tamizada por el jefe de seguridad local, por la DDI, por los jefes de Vial o de Rural”, graficaron.
Además, dijeron que “eso favorece además la creación de ´cajas´ de financiamiento ilegal, que muchas veces derivaron fondos a la política”. Otro efecto es, siempre según ese diagnóstico, entorpecer la coordinación con el poder judicial, la otra institución clave en el combate al delito. “Una relación más estrecha con la Justicia para que controle a la policía y que la policía sea su auxiliar, y fin de las cajas y el autocontrol”, resumieron.
En esa línea, en principio, se buscará operar un cambio drástico en la cúpula policial: seguirá dependiendo de las directivas políticas del ministro, se piensa en una “importante” reducción de sus actuales 36 miembros, al tiempo que se la dotará de un riguroso esquema de misiones y funciones que enmarquen su actual, que será establecido por ley y del que hoy carece.
En tanto, a nivel de los 135 distritos, se buscará establecer un sistema de jefe uniformado único, del que dependan todas las estructuras de seguridad asentadas en ese territorio. La idea es que de esos jefes dependan y reciban órdenes, por caso, los efectivos abocados a la cuestión vial, los de investigaciones en función judicial o los encargados de los patrullajes.
A la par de esos mandos unificados en los distritos, cada uno de las cuales tendría un pequeño gabinete adjunto, la idea es crear 18 jefaturas regionales, una por cada departamento judicial, que se ocuparían de la coordinación de la lucha contra delitos que impliquen más de un distrito en su desarrollo. En ese marco, la intención es avanzar con la eliminación de DDI y de las Jefaturas Departamentales.
Con un menos grado de definición aún, en el marco de la fusión y simplificación de las estructuras de toda la policía, las áreas encargadas de la lucha contra la comercialización de drogas ilícitas (Delitos Complejos y Narcotráfico) se fusionarían en un solo área, que podría no depender de los mandos locales. En esa área podrían quedar comprendidas estructuras como el Grupo Halcón y el Grupo de Apoyo Departamental.
Otro de los aspectos que se discuten es la puesta en marcha de un sistema de auditoría civil y autónomo, que controle a toda la fuerza. “En el diseño que se analiza por estas horas, estaría dividido en auditorías regionales, para facilitar su tarea, que recaería sobre la totalidad de la policía. A su vez, los altos mandos de la fuerza quedarían obligados a presentar declaraciones patrimoniales públicas.
Todo el plan, admiten quienes trabajan en su diseño, implicaría un importante cambio de funciones, de jerarquías e incluso de lugar de desempeño a un gran número de efectivos policiales. “Sabemos que es uno de los aspectos difíciles de consensuar, pero confiamos en poder avanzar, porque es necesario hacer cambios profundos y no creemos que haya demasiados sectores que estén conformes con que las cosas sigan como están”, dicen.
Finalmente, la intención es profundizar la descentralización de las policías locales, que hoy reciben su sueldo de la provincia y en la práctica reciben directivas de la jefatura de la Bonaerense y de los intendentes. Aquí, el plan que diseña Ritondo es hacer una transferencia completa a los municipios, con misiones y funciones incluidas. “Serán policías verdaderamente municipales”, explican en el gobierno.
