El producto se ofrecía bajo la denominación “Quemador Natural Viking’s Natural Gym” y en su envase exhibía la leyenda “Producto autorizado por ANMAT”, lo que le daba una apariencia de legalidad.

La imputación alcanza a una mujer de 41 años como presunta autora de los delitos de comercialización de sustancias medicinales peligrosas y uso de sello oficial falsificado, mientras que su hermana, de 40 años, fue acusada como partícipe secundaria.

Durante la audiencia de formalización, la fiscal federal Elisa Trinchín solicitó avanzar con la investigación, y la jueza federal de Garantías María Gabriela Marrón otorgó un plazo de 60 días hábiles para reunir pruebas debido a la complejidad del caso.

Como medidas de coerción, la principal imputada tiene prohibido salir del país, deberá presentarse semanalmente ante la Policía Federal Argentina y no podrá utilizar las redes sociales con las que promocionaba los productos ni contactar a clientas o proveedores. En tanto, su hermana deberá presentarse ante la Justicia cada vez que sea citada y comunicar cualquier cambio de domicilio.

La causa se inició tras una denuncia presentada por la ANMAT ante la División Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal. La investigación detectó que desde un perfil de Instagram se promocionaba el suplemento dietario con la etiqueta “Quemador Natural Viking’s, Natural Gym Receta por 30 comprimidos”.

A partir del número telefónico utilizado para concretar las ventas, la fiscalía logró identificar a la responsable de la comercialización y detectar otros perfiles en redes sociales, líneas telefónicas asociadas y la participación de la segunda imputada, cuyo domicilio funcionaba como punto de entrega y despacho de envíos al interior del país.

Durante allanamientos realizados el 17 de diciembre de 2025 se secuestraron teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones y 87 frascos del producto. Sin embargo, los investigadores comprobaron luego que la principal acusada continuaba vendiendo el suplemento, lo que motivó nuevos procedimientos el 26 de febrero de este año.

El abogado Leonardo Sigal, quien ya había denunciado al artista, compartió el informe del Ministerio Público bonaerense que detalla que Valenzuela fue detenido el viernes 7 de noviembre, cuando exhibió una licencia supuestamente emitida por el Municipio de San Fernando.

El documento oficial confirma que el músico continúa inhabilitado para manejar, ya que no se presentó en el Centro de Emisión de Licencia correspondiente a su domicilio para regularizar su situación. También figura en el Sistema Provincial de Antecedentes con una suspensión preventiva, por requerimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, medida que seguirá vigente hasta nuevo aviso.

Según el mismo informe, Valenzuela deberá someterse a una nueva evaluación psicofísica para determinar si está en condiciones de volver a conducir, pudiendo recuperarse la habilitación solo en caso de resultar apto.

La titular de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, María Laura Roteta, arribó a un acuerdo de reparación integral que consistió en que el imputado de haber importado un automóvil de colección a un precio inferior al de mercado abone al Estado US$ 26.766,07 e intereses resarcitorios actualizados en concepto del daño causado, y pague también una suma equivalente, que fue destinada para la compra de nuevo equipamiento médico de complejidad para el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, que permite tratar y diagnosticar a pacientes con enfermedades agudas y crónicas.

Al presentar el acuerdo, la fiscal marcó que el uso público específico y socialmente útil de los bienes obtenidos en la solución alternativa de este proceso “se erige como un puente entre la justicia y la sociedad, ya que empodera a la ciudadanía frente al presunto quiebre de normas y posee un gran valor simbólico en términos de la construcción de una cultura de legalidad, supremacía del Estado de derecho y del restablecimiento de la paz social”, de acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, “Fiscales”.

El acuerdo de la fiscal contó con la confirmación del fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, y fue homologado por el Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, a cargo de Alejo Ramos Padilla.

Extinción de la acción penal
La semana pasada, tras corroborar el pago a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la entrega del dinero al hospital y la compra del equipamiento, el magistrado dispuso la extinción de la acción penal del imputado. La extinción de la acción penal se produjo en los términos del artículo 59 inciso 6º del Código Penal, que prevé este resultado para los casos en los que se llegue a conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.

La salida alternativa que permitió solucionar el conflicto fue acordada teniendo en cuenta la pauta del artículo 22 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que establece que “los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”.

La fiscal puso de relieve el destino público social de los bienes para reparar a la sociedad por el daño causado y su potencialidad de reducir vulnerabilidades concretas. Destacó que, para que se cumpla con ese fin, el destino de esos bienes debe orientarse a un “uso público/social específico bajo condiciones de transparencia”.

En la audiencia oral desarrollada el 11 de julio pasado para el tratamiento del acuerdo, la fiscal Roteta hizo hincapié en que las características del caso puntual permitían llevar a cabo la solución alternativa, pues puntualizó que no se trataba de un caso de criminalidad económica compleja ni un suceso especialmente grave.

Al respecto, destacó que en el caso había un único hecho imputado, con un solo producto que no está prohibido, llevado a cabo por una sola persona y de forma aislada, y que no existió un acuerdo de voluntades ni se enmarcó en un suceso de naturaleza asociativa.

Añadió que los hechos databan de más de cinco años, que el imputado no presentaba antecedentes penales y que tampoco se presentaban las pautas que limitan a la fiscalía para disponer de la acción penal previstas en el artículo 30 del CPPF, pues el acusado no es ni fue funcionario público, ni mediaron hechos de violencia de género ni se trata de un supuesto que resulte incompatible con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del MPF fundadas en criterios de política criminal.

Hospital de Niños de La Plata
A propuesta de la fiscalía, intervino en la audiencia de homologación el director del Hospital, quien explicó cómo se daría transparencia a la asignación de los fondos y a qué bienes serían asignados. El funcionario destacó que la institución tiene una trayectoria de más de 120 años en el servicio de salud a la niñez de varias provincias, específicamente a pacientes agudos, críticos, crónicos y complejos.

El dinero obtenido en el proceso se utilizaría para adquirir un nuevo equipamiento médico llamado fibrobroncoscopio, que permite realizar diagnósticos y tratamientos de enfermedades complejas. El director del nosocomio señaló la relevancia de incorporar ese equipo, del que carecía la institución y que la convertiría en centro de referencia ante las urgencias de patología aguda de la vía área inferior.

También refirió que se compraría un paquímetro, un set oftalmoscópico y lupas, y se comprometió a garantizar la transparencia en el proceso de compra y a la obligación de rendir cuentas, todo lo cual finalmente cumplimentó y quedó asentado en el caso.