Dentro del paquete de medias que presentará el presidente Javier Milei y que se concretará con un DNU, está la derogación de la ley de alquileres, algo que preocupa a unas 8 millones de personas que pagan todos los meses por la vivienda que ocupan.

Ahora bien, por lo general si el decreto deroga la ley, esto no tiene efecto retroactivo, a menos que se especifique expresamente. Es decir, los cambios no afectarán a los contratos que ya están en curso y que son por tres años y actualización semestral. Algo similar ocurrió cuando se sancionó la Ley de Alquileres en 2020, la cual estableció un plazo de tres años y ajustes anuales a través del Índice de Contratos de Locación supervisado por el Banco Central.

Los inquilinos que seguirán bajo la normativa aprobada en 2020 (fue cambiada en octubre de este año) pagarán en enero una actualización del 137,5%. De esta forma, aquel que por ejemplo abona un canon mensual de $100.000, en enero de 2024 pasará y durante doce meses un alquiler de $237.500.

Sin embargo, el DNU daría marcha atrás con la ley y llevaría incertidumbre a las familias que alquilan. De hecho, en Buenos Aires y grandes ciudades hay pocas propiedades den alquiler y muchos propietarios buscan contratos en dólares, por fuera de la normativa. Otros, en tanto, ya aplican actualizaciones trimestrales o, incluso, mensuales.

Según Inquilinos Agrupados, la derogación de la ley de alquileres implicaría:

Plazos: eliminar los 3 años de contratos; y volver a los clásicos 2 años de duración.

Dolarización: la moneda en la que se pactarán los contratos surgirá de un acuerdo entre las partes.

Ajuste del precio: se podrá actualizar por índice de inflación, dólar, nafta, o el que acuerden las partes intervinientes.

Garantía: se puede pedir cualquiera y se universaliza el seguro de caución.

Depósito: se mantiene el concepto de dos meses de depósito al ingresar a la propiedad.

Expensas: los inquilinos deberán pagar ordinarias y extraordinarias. En general, las extraordinarias que tienen que ver con arreglos edilicios, pintura u otras cuestiones que afecta al bien común, eran pagadas por los propietarios.

Domicilio electrónico: ya no habrá posibilidad de establecer un mail de contacto entre inquilinos y propietarios.

Aumenta la preocupación por la situación que atraviesa el sector de los alquileres de viviendas en la Argentina. Durante las últimas horas, representantes del ministerio de Economía se reunieron con referentes de las inmobiliarias para avanzar en una mesa de diálogo que permita delinear una nueva normativa.

Directivos de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) se encontraron con el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, para debatir la problemática.

“Haremos una mesa de trabajo con todos los actores y de ahí saldrán los instrumentos”, indicaron fuentes oficiales ante la consulta de este medio. De esta manera, se buscará continuar con los encuentros para luego presentar una nueva propuesta al Congreso.

“Fue una reunión clave que dará el puntapié inicial para encaminarse hacia una reforma”, destacó el presidente de la CIA, Alejandro Bennazar y aclaró que el Gobierno busca articular un esquema de consenso rápido: “Hay cambios que serían ágiles, que no van a llegar al debate legislativo, como los que pueda promover la AFIP, por ejemplo”.

El encuentro, del que participaron Casal y Bennazar junto al secretario general de la cámara, Claudio R. Vodánovich, y la vicepresidenta María del Carmen Linkoniene, es el primero que se conoce después de que el Gobierno dejó trascender sus intenciones de suspender por decreto la Ley de Alquileres e intentar que se reformule.

Actualmente, existen en el Congreso diversos proyectos que buscan modificar distintos puntos de la ley vigente.

En el intercambio de opiniones se deslizó que un posible sistema sería combinar inflación y ajustes paritarios, pero que la fórmula debe ser más equilibrada para un inquilino que cuando debe renovar su contrato o aplicar el ajuste en la actualidad recibe un golpe muy grande en su economía.

Por ejemplo, en Caballito, si pagaban hasta el mes actual $80.000 por un 3 ambientes saltarían en mayo a casi $155.000 mensuales, además de las expensas que promedian en CABA unos $20.000 (también suben con fuerza por la inflación mensual).

El vicepresidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco, afirmó este sábado que la institución está de acuerdo con la creación de un impuesto a la vivienda ociosa y el otorgamiento de beneficios tributarios a propietarios que pongan en alquiler sus inmuebles.

De esta manera, la institución que nuclea a más de nueve mil agentes inmobiliarios del distrito coincidió con algunos de los puntos planteados en el proyecto presentado ayer por el diputado nacional José Luis Gioja y un conjunto de legisladores del bloque del Frente de Todos (FdT), que contempla menores requisitos para los monotributistas inquilinos así como beneficios para locadores y topes para los aumentos de los contratos.

“Hará descender los valores del mercado”
En un comunicado, Sacco aseguró que la creación de un impuesto a la vivienda ociosa y el otorgamiento de beneficios tributarios a propietarios que pongan en alquiler sus inmuebles “permitirá tener una mayor oferta de inmuebles para alquiler y hará que los valores del mercado desciendan”.

A su vez, aseguró que desde el sector siempre señalaron que la legislación vigente estaba “destinada al fracaso”, y pidió discutir una nueva norma que “dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino”.

En este marco, el vicepresidente de la entidad señaló que “la propuesta desde nuestro sector es derogar los artículos que indican el plazo de locación y la forma de indexación, o sea, volver a los 24 meses de contrato y libre acuerdo en el ajuste semestral”.

“En un país en que no haya inflación, se puede hacer un contrato a largo plazo, pero un contrato a tres años, también, perjudica a los inquilinos”, señaló en referencia a los altos índices inflacionarios de la Argentina.

Por último, Sacco sostuvo que es fundamental avanzar en una nueva norma que beneficie tanto a propietarios como a inquilinos

En la apertura de sesiones del Congreso, el presidente Alberto Fernández instó a avanzar en la definición de una reforma de la Ley de Alquileres que "mejore" la actual norma. En ese tramo de su exposición, indicó: "Necesitamos reconocer también que hay problemas con el valor de los alquileres".

La actual normativa fue sancionada en junio de 2020 y estableció la extensión de los contratos de dos a tres años y la actualización anual de los valores -dejando de lado el esquema semestral que regía de hecho hasta la puesta en marcha de la nueva ley- a través de un indicador conformado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de salarios (Ripte), es decir, la inflación anual y la evolución de los salarios.

Tras su instrumentación, se generaron una serie de dificultades que tienen que ver con el incremento anual de los montos de los contratos. En ese marco, las principales críticas provinieron desde el sector inmobiliario.

Según adelantó a Infobae la diputada Marcela Passo, justamente los puntos clave a cambiar son la actualización de los alquileres  y la duración de los contratos. Lo que no está definido es si una vez que se presente el proyecto se suspenderá la aplicación de la ley vigente.

“El plazo de los contratos y el mecanismo de actualización van a ser los ejes. No tanto la fórmula del índice sino su periodicidad, que sean al menos dos ajustes anuales en lugar de uno. La ley actual también trajo cuestiones interesantes, como el tema de la multiplicidad de opciones de garantías. Pedir una garantía hipotecaria para un alquiler no funciona. ¿Cuándo se ejecutó una casa por una deuda de un inquilino?” explicó.

Viernes 23 de noviembre de 2018.

La Ley de Alquileres consiguió su aprobación en una nueva sesión en la Cámara de Diputados. El proyecto elimina el cobro de comisiones inmobiliarias a los inquilinos y lo traslada a los dueños de las viviendas. También establece que en la renovación de los contratos los honorarios serán cómo máximo del 1% y estarán solo a cargo del locador. La medida ahora deberá debatirse en el Senado bonaerense.

Este jueves la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que propone una modificación de la ley 10973 para que los inquilinos no tengan que hacerse cargo de los gastos administrativos y de las comisiones inmobiliarias al momento de firmar o renovar un contrato de alquiler en la provincia de Buenos Aires.

De convertirse en ley la iniciativa, los nuevos inquilinos no tendrán que hacerse cargo de los honorarios o de ningún gasto vinculado a la gestión inmobiliaria cuando el valor del alquiler no supere una vez y media el monto establecido para un salarios Mínimo, Vital y Móvil, unos $19.000 en la actualidad.

El proyecto aprobajo en la Cámara Baja de la Legislatura establece que en la renovación de los contratos los honorarios serán cómo máximo del 1% y estarán solo a cargo del locador. Además prevé que los inquilinos que quieran acceder a una vivienda no paguen ningún tipo de gastos extra más allá del alquiler.

Por otra parte, la medida también obliga a las inmobiliarias a aclarar, en todo anuncio publicitario, que tienen prohibido el cobro de honorarios y gastos vinculados al corretaje. La iniciativa cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Federación Inquilinos Nacional, quienes aportaron su posición durante el debate.

Cabe remarcar que el texto de la ley tomó como base el proyecto presentado por el diputado peronista José Ottavis, y más tarde se unificó en un solo dictamen a partir de aportes de diferentes proyectos de distintos bloques legislativos, como Cambiemos, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador.