Luego de 18 años y 4 meses de conflicto, la Justicia decidió cerrar el camino de acceso público a Lago Escondido, un espejo de agua ubicado en la provincia de Río Negro, que quedó cercado por la estancia perteneciente al magnate británico Joe Lewis.

Este jueves, el Superior Tribunal de Justicia de ese distrito revocó los fallos que ordenaban reabrir el camino de Tacuifí, identificado como de traza corta, que lleva a ese lago ubicado sobre la cordillera de los Andes.

En la sentencia, los jueces establecieron que el acceso público al sitio será por el sendero de montaña, que tiene un recorrido de unos 33 kilómetros, mucho más extenso que el camino vecinal, informó diario Río Negro.

La causa judicial fue iniciada en 2005, a partir de un amparo presentado por la entonces legisladora provincial Magdalena Odarda. Recién en 2013 la Justicia de Bariloche ordenó al Gobierno provincial que realizara los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el Lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel), por tierras rionegrinas, el paso más corto y directo.

En septiembre de 2022, la Cámara de Apelaciones en lo Civil ratificó esa sentencia y dio un plazo de tres meses al Gobierno de Río Negro para garantizar que la población pudiera transitar por un camino de libre acceso al Lago Escondido. Sin embargo, esto nunca se cumplió.

En diciembre de ese mismo año, un grupo de manifestantes y dirigentes sociales ingresó y acampó una noche para reclamar el "acceso soberano" al paraje natural.

En febrero, otra protesta similar fue reprimida y nueve manifestantes y una reportera gráfica fueron retenidos y agredidos en las inmediaciones de la estancia de Joe Lewis, quien reside en Bahamas.

Lewis, considerado una de las 500 personas más ricas del mundo, posee entre 9.000 y 14.000 hectáreas en la Patagonia. Las 8.000 hectáreas que rodean al Lago Escondido las adquirió en 1996 de manera dudosa y a un precio irrisorio de 12 millones de dólares. El multimillonario compró la propiedad a través de una empresa argentina que, luego de una primera operación, cedió los terrenos al británico.

Además, cercó el lugar e impidió el paso con guardias de seguridad privada, bloqueando el derecho al acceso de los ciudadanos a pesar de que, por tratarse de un patrimonio nacional, su uso público está garantizado por ley.

Un grupo de 100 personas, liderado por el referente de Patria Grande Juan Grabois, irrumpió en la estancia Lago Escondido, propiedad del empresario inglés Joe Lewis y, en las útimas horas, organizaron un acampe a metros de la propiedad.

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Los militantes plantean que las tierras del magnate “son públicas” y por eso irrumpieron el lugar y se encuentran acampando. Este martes, ingresaron de manera ilegal por el camino privado de la empresa de Lewis para sus actividades productivas y avanzaron a lo largo de 16 kilómetros con un objetivo: “Patria sí, colonia no”.

Una de las quejas es que hay una importante distancia de kilómetros y dificultades geográficas, indicaron los demandantes y, es por eso que, un grupo de militantes protestan.

“No violamos nada, estaba todo abierto. No queremos confrontar con nadie. Le damos nuestra palabra que vamos a permanecer acá en la playa en la medida de que ustedes tampoco tengan intención de confrontar con nosotros”, declararon. En solo cuestión de horas, se “apoderaron” del lugar y desplegaron carpas y sus pertenencias en la orilla del lago.

“Estamos intentado llegar al Lago Escondido, patrimonio de todas y todos los argentinos pero solo accesible para algunos serviles al poder real. Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también”, anticipó el líder político en sus redes en la mañana de este martes.

Y luego, agregó: “El Lago Escondido forma parte de un enclave colonial ingles asentado ilegalmente, en una zona de seguridad nacional, no puede haber una empresa transnacional en esta zona, lo dice la ley”.

“El ingreso fue posible porque solo hay un guardia para ordenar el tránsito de los más de 300 empleados que se desempeñan en el lugar y que desde esa barrera se da inicio a un vertiginoso camino de montaña de 16 kilómetros que sin esta organización doméstica podría ser lugar de accidentes”, sostuvieron los empleados del lugar. Asimismo, agregaron que la situación provoca angustia y temor por lo que pueda suceder en la propiedad.

La justicia federal de Bariloche dispuso un allanamiento a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado en octubre pasado a ese lugar por un grupo de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín.

El operativo para secuestrar documentación y elementos de interés para el expediente lo realizó ayer personal de fuerzas federales de seguridad, según consignó un despacho de la agencia estatal Télam, de acuerdo a fuentes con acceso a la investigación.

La medida se produjo en el marco de la causa en la que la fiscal María Cándida Etchepare imputó a los jueces y funcionarios que participaron de la escapada sureña.

La fiscal había impulsado la investigación la semana pasada después de llevar a cabo una pesquisa preliminar en la que declaró el presidente de la empresa Hidden Lake S.A., que es la que administra Lago Escondido.

El allanamiento se llevó a cabo durante el fin de semana y busca establecer quién pagó la escapada a Lago Escondido de la que participaron también directivos del Grupo Clarín.

Al impulsar la investigación, la fiscal federal Etchepare había requerido que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el pago y la aceptación de dádivas por parte de los viajeros.

Los investigados en esta causa son los jueces Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal) y Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal); el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A. Tomás Reinke.

La fiscal también imputó a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación, quienes no habrían compartido el vuelo con el resto de los imputados pero sí se reunieron con ellos en el aeropuerto de Bariloche, según surge de los registros fílmicos incorporados al expediente en la investigación preliminar.