Durante lo que va de 2026, personal especializado en fiscalización y metrología vial recorrió más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales para verificar el funcionamiento y la situación administrativa de los dispositivos de control.

Al inicio del relevamiento se registraban 526 radares autorizados para operar y labrar infracciones, de los cuales 363 eran fijos y 163 móviles. Sin embargo, las inspecciones permitieron detectar diversas irregularidades.

Según informó el organismo, de los 363 radares fijos habilitados, solamente 239 fueron hallados funcionando en los lugares autorizados, mientras que otros 124 no se encontraban en los sitios declarados al momento de las verificaciones. Frente a esta situación, la ANSV intimó a distintas jurisdicciones para que brinden explicaciones y regularicen la documentación correspondiente.

Además, el operativo permitió detectar 152 radares fijos que funcionaban sobre rutas nacionales sin contar con la autorización nacional necesaria para emitir fotomultas. Por este motivo, el organismo exigió el cese inmediato de su utilización y el retiro de los equipos no habilitados.

Desde la ANSV recordaron que ningún radar puede operar legalmente en rutas nacionales sin la autorización previa del organismo, tal como lo establece la Ley Nacional 26.363 y su decreto reglamentario. Asimismo, destacaron que un reciente fallo de la Corte Suprema ratificó la competencia de la Agencia como autoridad de aplicación en materia de radares y fotomultas en corredores nacionales.

En cuanto a las infracciones, el organismo recordó que para que una fotomulta sea válida debe contener información precisa sobre el lugar, fecha y hora de la infracción, velocidad permitida y velocidad registrada, imagen clara de la patente, datos técnicos del radar, certificación de homologación y calibración vigente, además de la identificación del operador y del juzgado competente.

También señalaron que los radares deben estar correctamente señalizados y que las notificaciones deben ser enviadas dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial sostuvo que estas acciones buscan reforzar la seguridad en las rutas, evitar prácticas irregulares y garantizar que los controles se desarrollen con transparencia y respaldo legal.

La presentación fue impulsada por la gestión de Axel Kicillof a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y de la empresa AUBASA, en el marco de la Red Federal de Concesiones - Etapa II, que contempla la administración de unos 1.800 kilómetros de rutas nacionales en territorio bonaerense.

El ministro Gabriel Katopodis elevó un pedido formal ante el Ministerio de Economía de la Nación para que se designen veedores de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar la legalidad, objetividad e imparcialidad del proceso.

Según sostuvo el funcionario, la preocupación radica en una serie de modificaciones introducidas durante el desarrollo de la licitación. Entre ellas, mencionó cambios en 33 de los 34 artículos del pliego original y alteraciones en condiciones contractuales una vez iniciado el proceso, lo que —según denunció— evidenciaría “arbitrariedad manifiesta” en la asignación de concesionarios.

Desde la Provincia indicaron que AUBASA se presentó como oferente para los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur, que incluyen corredores estratégicos como las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri, sumando un total de 1.325 kilómetros.

El proceso licitatorio había sido lanzado el 12 de noviembre de 2025, mientras que en febrero de este año se realizaron las etapas de consultas y apertura de ofertas. Sin embargo, durante ese período, el Gobierno Nacional emitió al menos cuatro circulares con nuevas exigencias y modificaciones que no estaban contempladas inicialmente.

El planteo abre un nuevo frente de tensión entre la administración bonaerense y Nación, en torno a la gestión de infraestructura vial, un área clave tanto para la producción como para la conectividad en la provincia.

La acción se fundó en las condiciones gravosas de alojamiento y en el régimen de cuidados y atención sanitaria detectados en la institución privada.

Durante una inspección realizada por la CPM en septiembre, se relevó que se encontraban internadas 38 personas adultas con apenas tres enfermeras para los turnos mañana-tarde y dos para el turno noche. Ante la falta de personal de salud, la institución habría instruido al personal de limpieza para que asistiera en funciones de enfermería (higiene de personas, contención de crisis subjetivas, permanencia en sectores de internación) durante horarios de madrugada.

Además, en ocasiones se recurría a la Policía Bonaerense para asistir en el control de personas en crisis: en esos casos el médico de guardia llamaba a la policía para “refuerzos”.

El Juez Morbiducci, tras constatar que se verificaban los extremos denunciados, ordenó varias medidas correctivas: la prohibición de la intervención policial para el abordaje de crisis o procedimientos asistenciales en la clínica; la suspensión del protocolo que establecía la desnudez total ante la presencia policial; el retiro de una cámara de seguridad instalada en una habitación femenina (vulnerando la intimidad); la garantía de cobertura continua de enfermería en cada piso y turno; la reducción del cupo de internación o la derivación de pacientes hasta que la situación se regularice; la prohibición de aislamiento prolongado y sujeción mecánica salvo como recurso excepcional y con orden médica.

Estas decisiones ponen en evidencia las falencias del acompañamiento institucional, los incumplimientos de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 (en particular la carencia de espacios terapéuticos individuales, la falta de control de planes farmacológicos, ausencia de guardia interdisciplinaria), y vulneraciones explícitas de derechos fundamentales como el de intimidad, atención médica adecuada y prohibición del trato degradante.

La noticia impacta al mundo de los seguros. La Nueva, una cooperativa que históricamente piso fuerte en segmentos del transporte de pasajeros, en especial entre los taxistas, quedó al borde del nocaut luego de que el gobierno detectara numerososas irregularidades en sus balances.

Según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes del mercado, la compañía tiene centenares de demandas pendientes de pago, en su mayoría por siniestros típicos del mercado asegurador del transporte.

Cuando el gobierno empezó a notar que la situación patrimonial de la empresa se complicaba, le pidió a sus autoridades una serie de documentaciones, que nunca fueron aportadas.

Finalmente, se decidió evitar que siga suscribiendo pólizas.

Y tampoco podrá disponer de sus inmuebles, ni gestionar acuerdos de reaseguros.

La decisión, que fue oficializada por la Superintendencia de Seguros (SSN) a través de la Resolución Sintetizada 382/2025 publicada en el Boletín Oficial, se basó en una evaluación técnica sobre la situación financiera y contable de la firma, sobre la base de documentos oficiales, que arrojó incumplimientos graves.

La compañía había presentado con demora sus estados contables al 31 de marzo de este año, en los que finalmente reconoció una “situación financiera transitoria” que la dejó “prácticamente imposibilitada de administrar los pagos de manera ordenada”.

En las últimas semanas, trascendió que La Nueva fue notificada de un embargo judicial por más de $300 millones, lo que derivó en que otros acreedores también iniciaran acciones similares.

Desde la Superintendencia de Seguros acusan a los directivos de la cooperativa de “falta total de colaboración”, y hablan de sentencias firmes sin pagar y pasivos judiciales ocultos.

También deudas fiscales impagas y diferencias patrimoniales graves. Y un desorden contable y administrativo generalizado que impide conocer su verdadera situación financiera.

Entre los equipos de fútbol que lucieron o lucen su logo en la camiseta se encuentran Arsenal, Nueva Chicago, Chacarita Juniors, Almirante Brown, Deportivo Morón, All Boys y Quilmes, entre otros.

Dos auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) revelaron graves irregularidades en el manejo de millonarios subsidios otorgados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a comunidades mapuches, algunas de ellas vinculadas a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Según el informe, el dinero que debía destinarse a proyectos comunitarios fue utilizado en parte para pagar abogados en litigios contra el Estado y muchas de las obras financiadas con estos fondos nunca fueron realizadas.

A lo largo de más de una década, los gobiernos kirchneristas transfirieron más de $1.200 millones a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario. Sin embargo, la falta de controles permitió el desvío de fondos a otros fines. La auditoría reveló que en muchos casos no existían registros sobre el contacto con las comunidades, ni informes de avances en los proyectos financiados.

El actual titular del INAI, Claudio Avruj, calificó este programa como una “obscenidad” y ordenó su cierre a través de la Resolución 8/2025. “Estos subsidios se convirtieron en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para reclamar tierras”, denunció Avruj, citando los hallazgos de la SIGEN.

Casos de usurpaciones y subsidios millonarios
El informe destaca al menos tres casos en los que comunidades que recibieron subsidios fueron protagonistas de usurpaciones de tierras:

Lof Che Buenuleo (Río Negro): en 2019, miembros de esta comunidad ocuparon terrenos en San Carlos de Bariloche pertenecientes a la familia Soriani. En 2023, recibieron $1.770.000 del INAI para asistencia jurídica.

Lof Kinxikew (Neuquén): ocupó tierras en San Martín de los Andes y fue mencionada en disputas territoriales con privados y el Ejército Argentino. En 2023, recibió $1.950.000 para asesoramiento legal.

Newen Mapu (Río Negro): en 2023, recibió $4.480.000 en subsidios del INAI mientras mantenía reclamos territoriales en El Bolsón.

Otras comunidades, como la Agrupación Mapuche Linares (Neuquén) y Lof Malal Pincheira (Mendoza), también recibieron subsidios millonarios y están involucradas en conflictos por tierras en zonas de interés para la exploración de hidrocarburos y el desarrollo ganadero.

Irregularidades en la rendición de cuentas
Las auditorías detectaron irregularidades en la firma de convenios y en la posterior rendición de cuentas. Un caso emblemático es el convenio firmado en octubre de 2022 por $1.690.000 para el Lof Catriman Colihueque y la Comunidad Nahuelpan. Al revisarlo, los auditores encontraron que:

No hay registros de reuniones entre el INAI y las comunidades para evaluar la solicitud.

No existen informes de avances en el uso del dinero.

No se notificó a la comunidad sobre el desembolso de los fondos.

Se pagaron honorarios a un Licenciado en Ambiente, cuando el dinero debía destinarse a asistencia jurídica.

Un caso similar ocurrió con un convenio de $1.770.000 para la Comunidad Lof Che Buenuleo y la Colonia Nahuel Huapi, donde tampoco se encontraron registros ni rendiciones de cuentas.

Subsidios sin control en litigios contra el Estado
Uno de los puntos más preocupantes es que las auditorías confirman que estos fondos fueron utilizados para litigar contra el Estado. En el caso de las ocupaciones en el Parque Nacional Los Alerces, los subsidios financiaron la contratación de abogados que defendieron a las comunidades en juicios por usurpación.

Otro caso llamativo es un convenio por $29.210.000 firmado en Salta en cumplimiento de una sentencia internacional. Según la SIGEN, el dinero se ejecutó sin que existiera registro de contacto con las comunidades ni informes sobre su uso.

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Pasó un mes del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, que dejó ocho muertos de manera directa y una víctima fatal más que falleció por sus lesiones hace pocos días. Mientras tanto continúa la investigación tanto de la Justicia como a nivel local, por parte del Concejo Deliberante. De hecho, en este último caso la oposición denunció “graves irregularidades” por parte de la Municipalidad, ya que las clausuras y multas impuestas al complejo siniestrado nunca fueron tratadas por el Juzgado de Faltas local.

Desde el bloque Juntos explicaron que “en respuesta a una solicitud de informes realizado por los bloques de la oposición, la jueza de Faltas de la municipalidad de Villa Gesell confirmó que la administración de Gustavo Barrera no le trasladó ninguna actuación en relación a las supuestas clausuras realizadas en el malogrado Hotel Dubrovnik”. Esto, añadieron, es “una clara contravención a la normativa vigente”.

El mensaje de la magistrada Marta Dolores Pérez, que se difundió en los medios locales, asegura que “no han ingresado en este Juzgado de Faltas actas de infracción relacionadas con el Apart Hotel Dubrovnik ubicado en Avenida 1 número 260 de Villa Gesell”.

Mientras que desde la oposición, según El Fundador, vienen planteando otra irregularidad: la actuación del intendente como juez administrativo, cuando en Villa Gesell el Concejo creó por Ordenanza el Juzgado de Faltas hace 24 años.

El proceso judicial
En tanto, la Justicia tiene a la fecha a 14 imputados por “estrago culposo agravado” -de los cuales solo seis estuvieron detenidos para luego ser excarcelados- pero aún no pudo confirmar el motivo de esta tragedia ni ponerle nombre y apellido al o los responsables.

De acuerdo con MinutoG, la fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la causa, espera resultados de peritajes todavía pendientes. Según se pudo confirmar se requerirá en principio uno para determinar calidad y estado del hormigón que sostenía el edificio.

“Recién entonces, con esos resultados sobre la mesa, será el turno del peritaje de la ingeniería civil”, explicaron fuentes judiciales.

Zamboni solicitó y logró que el juez de Garantías David Mancinelli ordenara seis detenciones en esta causa: los albañiles Diego González y Miguel Andrés Choque Juchani, los contratistas Celso y Sergio Paco y Rubén Taquichiri y el arquitecto Jorge Bonavita, el único que se negó a declarar. Todos lograron la excarcelación, apelada por el Ministerio Público Fiscal y también ante Cámara de Apelaciones desde la Fiscalía General, a cargo de Diego Escoda.

En la lista de imputados, notificados de acusación pero todavía sin ser citados a indagatoria, aparecen otras dos arquitectas, dos responsables de la empresa que instalaba el ascensor y los cuatro miembros del directorio de la empresa Parada Liniers S.A., que en abril pasado había comprado el hotel. Todos tienen prohibición de abandonar el país.

La Superintendencia de Servicios de Salud intervino al Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera) y designó a una interventora interina a cargo, a través de una resolución en cuyos considerandos habló de “irregularidades” y de “graves deficiencias” en su funcionamiento.

La medida de la Superintendencia está contenida en la resolución 1612/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, en la cual se pone a cargo de Osprera -la tercera obra social más importante del país- a Virginia Montero como “Administradora Provisoria” hasta tanto, “el Poder Ejecutivo Nacional disponga la intervención del Agente del Seguro de Salud”.

En los considerandos de la resolución, la Superintendencia dejó en claro que, de acuerdo a lo que indica la ley vigente, el organismo tiene, entre otras funciones, la de “proponer al Poder Ejecutivo la intervención de las obras sociales cuando se acrediten irregularidades o graves deficiencias en su funcionamiento”.

En la resolución, el organismo oficial hace referencia faltas muy importante en las prestaciones de OSPRERA con sus afiliados y pone la lupa en el manejo financiero y el uso que la obra social le dio a los fondos con que el Estado la auxilió.

La Superintendencia da cuenta de “gravísimos incumplimientos” en relación a la “satisfacción de los afiliados”. Y precisa que “existen 16.410 reclamos de parte de beneficiarios y 172 acciones judiciales en su contra, “referidas a las siguientes temáticas: medicamentos, siendo la más reiterada con 73 causas, afiliación, cirugías, prótesis y problemática prestacional”.

En un plano que abre sospechas respecto de la eventualidad de manejos ligados a actos de corrupción, especifica que un “relevamiento telefónico aleatorio efectuado a lo largo de todo el país arroja como resultado que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados (anunciados) por la Osprera en su cartilla médica”.

En cuanto al manejo financiero, Osprera, que tiene 700.000 afiliados, recibió “en total recibió $26.090.429.115” de ayuda del gobierno nacional durante la gestión anterior, según cifras oficiales citada por el diario La Nación. Sin embargo, sus deudas prestacionales ascienden a $43.949.000.000, de acuerdo a lo que se informa en la resolución publicada en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal al verificar que “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes y uno ‘funcionaba’ en un country”.

La denuncia judicial fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py, y tras el sorteo, el caso recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, juez candidateado por el Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno señaló que los hechos denunciados podrían constituir los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude al Estado y abuso de autoridad. La legislación impone que los funcionarios que autorizaban la salida de alimentos para los sectores más vulnerables de la sociedad debían controlar a qué lugar iban la comida, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían. Nada de eso, al parecer, ocurrió.

La información puesta en conocimiento de la Justicia surgió de una auditoría del Ministerio de Capital Humano sobre el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado el 8 de enero de 2020, informó el Gobierno.

El mecanismo para recibir dinero del Estado implicaba que los comedores debían inscribirse, luego había que validar esa inscripción y por último, se los matriculaba por dos años. Para seguir recibiendo alimentos, debían revalidar esa matrícula, o no podían seguir siendo beneficiarios.

El Gobierno auditó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom) tras comprobar que la gestión anterior “no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”, según informó oficialmente la cartera de acción social.

La auditoría pudo relevar, de la totalidad de los comedores, solo la mitad (52,3%). El restante 47,7% no pudieron controlarse debido a que 32% no funciona más como tal; en 25% de los casos los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores o merenderos) y en casi 16%, de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor o merendero, según señala la información oficial del Ministerio.

“Conquistando Sonrisas”, “Pequeños Gigantes de Quilmes”, “Cielos Abiertos”, “Luz de Luna de Pereyra”, “Esperanza”, “Los Peques de San Alberto” y “Luz y Esperanza”, son algunos de los ejemplos de supuestos comedores que no existían en los domicilios declarados.

Otro ejemplo de la ausencia de control es el del supuesto comedor “Gauchito Gil”. Cuando se intentó constatar su existencia, en el lugar declarado se encontró un barrio privado. Otro caso informado por el Ministerio es el de “Sol de Barrio”, donde no fue posible localizar la dirección y los vecinos dijeron que allí nunca funcionó un comedor.

Desde el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires informaron que se constató que hubo irregularidades en las condiciones de seguridad y laborales en el 20 por ciento de los ómnibus de pasajeros de media y larga distancia que circularon durante el fin de semana largo.

Las terminales inspeccionadas fueron las de de Mar del Plata, Junín, La Plata, Lomas de Zamora, Necochea, 9 de Julio, Olavarría, Pinamar, Tandil, San Clemente del Tuyú y General Pacheco.

En total participaron 27 inspectores y se relevaron 737 ómnibus correspondientes a 76 empresas, donde se fiscalizaron las condiciones laborales y de Salud y Seguridad del Trabajo (SST) de los trabajadores.

“De esas 737 unidades se observaron incumplimientos que se reflejan en 146 unidades infraccionadas, es decir, un 20%”, precisó un comunicado de la cartera que conduce el ministro Jorge D’Onofrio.

Las infracciones laborales corresponden a la falta de descansos entre jornadas, incumplimientos de la jornada legal de trabajo, falta de francos obligatorios y en la inexistencia de registro en la libreta de transporte correspondiente.

Por otro lado, las infracciones en materia de SST se debieron a la falta de ropa de trabajo y de asientos ergonómicos del conductor, la ausencia de elementos de extinción y la falta de chalecos refractarios.

Mariano Salomón, subsecretario de Inspección del Trabajo, destacó que “la realización de acciones de coordinación permanente para llevar adelante este tipo de controles responde a un pedido del gobernador Axel Kicillof, y a la responsabilidad como organismos de unificar esfuerzos para ser más eficientes y generar a su vez concientización en los ciudadanos de la Provincia”.

El Gobierno bonaerense tiene por estos momentos a la la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) contra las cuerdas: intimó a la entidad a que convoque a nueva Asamblea General Ordinaria para elegir autoridades bajo apercibimiento de ser intervenida en caso de incumplimiento, por una denuncia sobre irregularidades en reuniones celebradas en abril y mayo del año pasado, en las que se terminó eligiendo la actual comisión directiva.

La resolución donde se explicita esta decisión de la administración Kicillof fue publicada en el boletín oficial del distrito el viernes 21 de abril y le dieron a la entidad 10 días hábiles para que convoque la nueva asamblea, de modo que la UIPBA está, como se suele decir, en “tiempo de descuento”.

En caso de que no haya asamblea en tiempo y forma, la Provincia decretará la intervención normalizadora de la entidad”.

La decisión está basada en una denuncia sobre irregularidades registradas en la reunión de Junta Directiva y la Asamblea General Ordinaria, celebrada en abril y mayo de 2022 y que culminó con la elección de la actual comisión directiva, encabezada por Martin Rappallini, también tesorero de la UIA.

La medida fue comunicada a través de la resolución 3177/2033 firmada por la Dirección de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ariel Giménez.

En la resolución se intima también “a las últimas autoridades registradas de la entidad para que informen a esta Dirección Provincial, con una antelación no menor de cinco (5) días hábiles, de toda Reunión de Junta Directiva y/o Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria a llevarse a cabo. Ello, a efectos de que concurra a la misma un veedor de esta Dirección Provincial para su fiscalización”.

Reunión
No obstante esta situación, las autoridades de la UIPBA se reunieron ayer viernes con el ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de PBA, Augusto Costa, y otros funcionarios provinciales, para informar “sobre la situación actual del sector”, según indicaron desde la entidad en sus redes sociales.

Además, “trasladamos las necesidades de nuestros socios e indicamos cual es el panorama que visualizamos para los próximos meses”.