De acuerdo a la acusación, uno de los imputados habría golpeado a un hombre, provocándole un hematoma en el tórax, lesión que fue certificada como leve. Posteriormente, ambos acusados habrían atacado al perro, causándole heridas cortantes profundas en el cuello y el lomo que derivaron en la muerte del animal.

El hecho fue encuadrado como infracción a la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, en carácter de coautores. La fiscalía presentó como pruebas un informe veterinario y pericias del Cuerpo Médico Forense, que también confirmaron el carácter leve de las lesiones sufridas por el hombre.

Durante la audiencia, los imputados señalaron que existían conflictos previos en el barrio y sostuvieron que actuaron tras ser agredidos con piedras y ante un supuesto ataque del perro. El Juez de Garantías dispuso la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros y todo tipo de contacto con la víctima mientras dure la investigación, que se extenderá hasta el 11 de junio próximo.

La Fiscalía descentralizada de El Bolsón formuló cargos a dos hombres por el delito de homicidio culposo de Mónica Trejo, quien había llegado desde Buenos Aires a la zona andina, y perdió la vida durante una excursión de rafting en noviembre de 2024.

El hecho tuvo lugar en el tramo comprendido entre el sector “Steffen” y “La Pasarela de Carro”, en el paraje rionegrino Río Villegas de El Manso.

Los imputados son el propietario de la empresa de rafting Cohuin-Co y el conductor de una de las balsas utilizadas ese día, ambos acusados de homicidio culposo.

Según la acusación fiscal, el titular de la empresa habría incumplido las disposiciones de la Administración de Parques Nacionales, que lo inhabilitaba desde el 30 de abril de 2024 para realizar esta actividad (disposición N° 463/2021 y resoluciones 240/11, 296/2016 y disposición 564/2018 que aprueba el protocolo de seguridad y emergencia). Pese a esta inhabilitación, seguía continuado ofreciendo los servicios a través de redes sociales.

El 19 de noviembre de 2024, la mujer y dos amigas contrataron la excursión que las trasladó desde Bariloche al parador de la empresa, equipadas y distribuidas en tres balsas.

La víctima subió a una embarcación conducida por el segundo imputado. Al finalizar el recorrido, en cercanías del sector conocido como “Familia Lanfré”, la balsa impactó contra un sauce porque el conductor no efectuó la maniobra táctica correspondiente, ni dio indicaciones claras a los pasajeros. Como consecuencia, la embarcación perdió estabilidad y todos cayeron al agua.

Trejo fue rescatada, pero una vez en la costa manifestó dificultades para respirar, se descompensó y posteriormente falleció. La pericia forense determinó que la causa fue muerte súbita cardíaca, con colapso del sistema circulatorio.

La fiscalía señaló que la conducta del propietario al permitir la excursión, pese a su inhabilitación, y la impericia del guía al maniobrar la balsa provocaron un riesgo jurídicamente desaprobado. En consecuencia, ambos fueron imputados como coautores de homicidio culposo.

El sustento probatorio incluyó actas policiales, croquis ilustrativos, fotografías y videos del lugar del hecho y de la balsa utilizada, certificado médico de defunción, informes diversos acerca de certificaciones y cursos formativos habilitantes, documentación de Parques Nacionales, informes de Prefectura Naval Argentina, pericias forenses, estudios científicos y resultados de autopsia y, entre otros indicios, testimonios de los pasajeros y demás personas involucradas.

El propietario de la empresa hizo uso de la palabra y negó haber tenido documentación y habilitación vencida, aunque admitió demoras en la respuesta del trámite por parte de los organismos competentes. El instructor, en tanto, no declaró y su abogado tampoco se opuso a la formulación de cargos.

El Juez de Garantías que presidió esta audiencia tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.

Las fianzas y las prisiones preventivas contra los seis imputados en la causa por la errónea transferencia millonaria por parte del Gobierno de San Luis quedaron sin efecto, aunque continúa la investigación.

A comienzos de mayo de este año Verónica Acosta recibió en su cuenta de Mercado Pago $510.236.811 por parte del gobierno provincial, dinero con el que se compró cosas y les transfirió a sus familiares.

Ante la denuncia por parte de las autoridades, Acosta y familiares quedaron imputados por defraudaciones especializada por el uso de tarjeta de débito continuado fraude a la administración pública y retención indebida.

En la audiencia imputativa también se había fijado la millonaria fianza que debían abonar, así como también que tenían cumplir con las prisiones preventivas.

Aun así, el abogado de Acosta, Hernán Echeverría, le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que la Justicia desestimó la fianza que se había impuesto sobre los imputados, monto total de $30 millones, $5 millones por cada acusado.

También, se resolvió dejar sin efecto las prisiones preventivas, aunque el procesamiento por el momento continúa firme.

Echeverría manifiesta que el conflicto se dio inicio tras una “operación bancaria, aparentemente errónea o automatizada, sin participación activa dolosa de los imputados”.

En el municipio bonaerense de Dolores sigue la conmoción por el caso del chico de 14 años que fue abusado por tres hombres que conoció en una app de citas y lo contagiaron de VIH y sífilis. En las últimas horas se supo que el juez de Dolores, Mariano Cazeaux, dictó la prisión preventiva a los imputados Cristian Guevara, Jorge Luis Santander y Pablo Chiavola. Además, según publicó el medio regional Entrelíneas, dispuso el traslado de los tres a la Unidad Penal Nº 6 de Dolores.

Los tres hombres están acusados de los delitos de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez de la víctima y agravado por el riesgo para la salud de la víctima, corrupción de menores agravada y facilitación de imágenes pornográficas a menores de edad. Según el requerimiento de la fiscal Mónica Ferre, quedó demostrado que los acusados contactaron al adolescente por la aplicación de citas Grindr y lo invitaron a sus respectivos domicilios para tener sexo con él, a sabiendas de que era menor de edad.

De acuerdo a lo que informó ese medio, la fiscal también informó que los imputados conocían que eran portadores del virus VIH y, pese a ello, no tomaron las precauciones necesarias, actitud y proceder que propiciaron el contagio de la enfermedad al menor. Guevara y Chiavola, además, son docentes: el primero, profesor de escuelas secundarias y el segundo, inspector de establecimientos primarios, un elemento que puede constituir un agravante en el trámite de la causa.

Según publicó el portal La Capital, los encuentros ocurrieron a fines de enero. El niño fue contactado por el docente de 37 años vía Grindr y lo invitó a su casa. Allí fue abusado sin consentimiento, aprovechando la diferencia de edad y la posición de poder. El docente luego facilitó el contacto del niño a un diseñador de moda de 24 años, quien también abusó del menor. Esa misma noche, un inspector de escuelas de 52 años lo contactó por la aplicación y lo invitó a otro encuentro, donde también lo abusó.

Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, ídolos e integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, fueron imputados y citados a indagatoria acusados de encubrimiento en la causa por abuso sexual del ex-DT del equipo femenino Jorge Martínez contra Florencia Marco, quien era la jefa de prensa del plantel.

Además, Adriana Bravo, ex vicepresidenta tercera del club y quien lideraba el departamento de diversidad e igualdad hasta diciembre pasado, también ha sido imputada y convocada a declarar en calidad de sospechosa de encubrimiento.

El caso, que comenzó con la denuncia de Florencia Marcó, ex jefa de prensa del fútbol femenino del club, parecía haber llegado a su fin en el ámbito judicial. Sin embargo, ahora hay dos causas paralelas. Tras las audiencias testimoniales, el fiscal Martínez Burgo solicitó las declaraciones indagatorias de Bermúdez, Delgado y Cascini, que son acusados de haber encubierto el abuso sexual perpetrado por Martínez.

ACUSAN A LOS GLORIAS DE BOCA DE HABER MENTIDO
El juez Alfredo Godoy, del juzgado de instrucción número 24, es quien será el encargado de la causa. La fiscalía de La Boca, que llevó a cabo la investigación preliminar, ha presentado una amplia colección de pruebas que, según fuentes internas, difícilmente serán rechazadas por el magistrado. Entre las pruebas se incluyen testimonios y documentos que sustentan las acusaciones de los imputados y que estos habrían mentido en sus declaraciones, ya que conocían el abuso ejercido por el ex técnico Martinez y negaron haberlo hecho.

Dos DJ argentinos fueron imputados por la Justicia de Uruguay como acusados de cometer el homicidio de un joven tras una pelea en una fiesta en la ciudad de La Paloma, informó la prensa de ese país.

Según la resolución conocida este fin de semana, los sospechosos, 25 y 30 años seguirán detenidos como acusados de la “autoría y coautoría” del crimen de Herley Pérez Sosa (22) y deberán cumplir 150 días de prisión preventiva, mientras aguardan el fallo definitivo.

Los voceros indicaron que a uno de los acusados se le imputa la autoría del homicidio, mientras que al otro la coautoría del hecho más un delito de receptación, dado que en su mochila fueron incautados varios celulares de que pertenecían a las víctimas.

El hecho ocurrió el 22 de diciembre, en horas de la madrugada, en un salón en el cual se desarrollaba una fiesta, denominado Miradores de Costa Azul, situado en inmediaciones de las calles Del Barranco y del Mar, de La Paloma, en el departamento de Rocha, a unos 240 kilómetros de Montevideo.

De acuerdo a lo informado por los medios Subrayado, El País y La Paloma Hoy, en medio del evento, se produjo una discusión entre varios de los asistentes, que derivó en una pelea durante la cual cuatro jóvenes uruguayos recibieron cortes de arma blanca, entre ellos Pérez Sosa.

Según las fuentes, la víctima fue trasladada por un amigo en un auto particular para que lo asistan, pero murió.

Por el crimen de Sosa fueron detenidos dos ciudadanos argentinos que oficiaron de DJ en la fiesta, y que habían sido contratados hace unos 10 días por una empresa dedicada a la venta de perfumes, consignó el sitio Subrayado.

En la causa interviene la Fiscalía 2do. Turno de Rocha, quien dispuso las primeras diligencias de rigor.

El exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y la modelo Jesica Cirio.
La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, imputó pareja, el exjefe de Gabinete, Martín Insaurralde, a su exesposa, Jesica Cirio, y a la modelo Sofía Clerici en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

A Cirio e Insaurralde los imputó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y en lo que respecta a Clérici, por el delito de encubrimiento.

La fiscal presentó su dictamen ante el juez Ernesto Kreplak, que subroga el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a quien le requirió además una serie de medidas de prueba.

La imputación surge de la denuncia realizada por el diputado Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talarico.

La medida está relacionada con levantamiento de secreto fiscal y bancario de los tres imputados, así como presentación de declaración jurada de bienes en el caso de Insaurralde como funcionario público.

La fiscal también reclamó la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si existieron reportes de operaciones sospechosas en España en relación al ex jefe de ministro bonaerense.

Por su parte, Jesica Cirio será investigada por la supuesta firma de un acuerdo de divorcio con Insaurralde por el cual se cree habría pagado éste la suma de 20 millones de pesos en Uruguay. Allí hay una denuncia ya que tramita ante la Justicia y la diputada Graciela Ocaña pidió informes con fines de investigar ese episodio. También se pidieron informes a distintos registros para determinar la existencia de inmuebles, automotores y hasta buques.

El juez Kreplak, además, quedará a cargo de otra denuncia en la que los imputados son Insaurralde y Clerici: esa causa estaba en manos del juez de Lomas de Zamora Federico Villena, quien se apartó en las últimas horas.

Ese expediente, iniciado por una denuncia del abogado Gastón Marano – exasesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia-, tiene como fiscal a Sergio Mola quien ya accedió al registro migratorio de los imputados.

En el expediente quedó acreditado que Clerici e Insaurralde estuvieron fuera del país al mismo tiempo: el exfuncionario bonaerense salió de la Argentina hacia España el 15 de septiembre en un vuelo de Iberia y regresó al país el 21 a la mañana, el mismo día que ella.

Durante el año pasado, de acuerdo a la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, se iniciaron 946.510 investigaciones penales preparatorias (IPP), lo que representa un aumento del 9,1% en relación a las 847.173 de 2021. Del total, 924.492 corresponden al Fuero Criminal y Correccional, aunque que sólo el 3,7% de las causas tienen a una persona imputada.

Según las estadísticas oficiales, 34.614 IPP tuvieron un imputado durante las causas iniciadas el año pasado. Es decir, son las que registran al menos un sujeto al que se le ha recepcionado declaración en una audiencia.

En tanto, 327.600 investigaciones, un 35,4% del total, tuvieron a un autor sindicado, lo que significa que registran al menos un sujeto mencionado como posible autor de un hecho ilícito, pero que aún no declaró ante la Justicia.

Sin embargo, el dato que siempre llama más la atención es la cantidad de causas que no tienen un autor identificado, en parte por una deficiencia en la investigación aunque en la mayor cantidad de casos es porque son delitos menores o robos en la vía pública que son complejos de esclarecer. En este caso, hay 562.278 causas con autor ignorado: esto es, el 60,9% del total.

Si se compara con 2021, se puede ver que en ese año de las 847.173 IPP iniciadas, 487.084 (un 57,5%) no tuvieron un autor identificado. No obstante, del total de causas, 781.270 fueron finalizadas, aunque en la mayoría sin encontrar el autor. De hecho, en 2021, el 73% de las causas fueron archivadas y el 18% fueron desestimadas. Es decir, que en el 91% de las investigaciones no se lograron probar los delitos y/o sus autores.

Si las cifras se comparan con cinco años atrás, se puede ver que en 2017, el 4,2% de las IPP cerraron con un imputado, mientras que el 48,5% no tuvieron un autor identificado.

De acuerdo a la acusación, hubo planificación previa, acuerdo de partes, transporte de arma de fuego sin autorización y acopio de municiones.

Ambos, al declarar ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quisieron desvincularse del hecho. Pero lo hicieron con argumentos distintos. “Brenda no tuvo nada que ver… y yo tampoco”, dijo Sabag Montiel. Uliarte, por su parte, indicó que no tuvo nada que ver con el intento de homicidio ni con su planificación, que solo fue hasta la casa de la Vicepresidenta a acompañar a su novio y que lo que él hizo le pareció aberrante.

La imputación oficial que le cabe a ambos detalla “haber intentado dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -Vicepresidenta de la Nación y Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos”.

“Dicha conducta tuvo lugar el 01/09/22 siendo aproximadamente las 21.00 horas en la intersección de las calles Juncal y Uruguay de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente frente al catastro 1409 de la primera de las arterias mencionadas cuando la Vicepresidenta se encontraba saludando a las personas que estaban en el lugar”, agrega el texto judicial.

En la acusación se lee que se acusa a Sabag Montiel de haberle apuntado a Fernández de Kirchner “hacia su rostro con una pistola semiautomática de acción simple, calibre 32, marca Bersa, modelo Lusber 84 con la numeración ´25037´ en el lateral izquierdo del cañón accionando la cola del disparador en al menos una ocasión sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos de bala del mismo calibre y resultar aptas para sus fines específicos”.

Además se les imputó haber llevado consigo y/o tenido el arma de fuego “sin contar con la debida autorización legal, la cual receptaron previamente con la numeración parcialmente suprimida en la base de su empuñadura y a sabiendas de ello”.

También se los acusó por haber acopiado dos cajas de municiones, de cincuenta cartuchos calibre .32 cada una, con denominación MAGTECH conteniendo, que fueron secuestradas el 2 de septiembre, en uno de los allanamientos realizados.

Además se les imputó haber falsificado y/o haber participado en la falsificación de los certificados de discapacidad emitidos a su nombre por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, mediante el aporte de sus datos filiatorios.

En su resolución, el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz dispuso que la causa sea remitida a sorteo para que un Tribunal Oral en lo Criminal de ese departamento judicial juzgue por la muerte del astro del fútbol a los ocho acusados.

Además del médico de cabecera del “Diez”, Luque (40), deberán enfrentar el juicio la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41), los enfermeros Ricardo Omar Almirón (39) y Dahiana Gisela Madrid (37); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).

Según indicó el magistrado, hubo en ellos una “ausencia de interposición de acción salvadora alguna que pudiera evitar el deceso” y una “aceptación interna de los encausados del eventual acaecimiento del resultado finalmente producido”.

En su fallo, Díaz también rechazó una serie de cinco nulidades y planteos de sobreseimiento de las defensas y en el caso de Luque, también lo elevó a juicio por el delito de “uso de documento privado falso”, porque le imputan haber usado una firma falsificada de Maradona para pedir una historia clínica; y a Cosachov por “falsedad ideológica”, ya que se la acusa de haber confeccionado un certificado de aptitud mental de Diego sin ir a visitarlo.

Así, el juez avaló la hipótesis planteada por los tres fiscales de San Isidro que instruyeron la causa, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, en el requerimiento de elevación a juicio que le presentaron el 13 de abril último.

A todos los imputados, el equipo fiscal especialmente creado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, los acusó como coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”, tras concluir que el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, que sabía que el “10” podía morirse en el estado en el que se encontraba y que no hizo nada para evitarlo.

Pese a que se trata de un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados llegarán al debate en libertad