La normativa establece un marco regulatorio destinado a fijar principios, deberes, obligaciones e incompatibilidades para todos los funcionarios y agentes que desempeñen funciones dentro de la administración pública, independientemente del cargo que ocupen o de la modalidad mediante la cual hayan sido designados.

Desde el bloque impulsor destacaron que uno de los principales objetivos de la ordenanza es fortalecer la transparencia en la gestión pública y promover estándares éticos más rigurosos en el ejercicio de las funciones estatales.

Entre los aspectos más relevantes de la nueva reglamentación se encuentra la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales, la regulación de situaciones que puedan generar conflictos de intereses, la prohibición de recibir beneficios indebidos vinculados al desempeño de cargos públicos y la incorporación de mecanismos orientados a garantizar un mayor acceso a la información pública.

Asimismo, la ordenanza contempla requisitos relacionados con la condición de deudor alimentario y antecedentes vinculados a hechos de violencia de género o familiar, incorporando estos criterios dentro de los parámetros exigidos para el ejercicio de funciones públicas.

Con esta aprobación, el cuerpo deliberativo dio un paso orientado a reforzar los mecanismos de control, transparencia y responsabilidad dentro de la administración municipal.