De acuerdo con los recursos aprobados para este año, la Cámara de Diputados dispondrá de $222.800 millones, mientras que el Senado contará con $156.204 millones para su funcionamiento.

Si se distribuye ese presupuesto entre los 92 diputados y los 46 senadores que integran ambas cámaras, el resultado arroja que cada legislador representa un costo promedio de $2.739 millones anuales, unos $228 millones mensuales y más de $7,5 millones por día.

La cifra no corresponde al salario individual de los legisladores, sino al costo total de sostener cada banca dentro de la estructura legislativa. En ese monto se incluyen gastos de personal, asesores, contrataciones, funcionamiento administrativo, mantenimiento de edificios y otros recursos destinados al funcionamiento de ambas cámaras.

El dato adquiere mayor relevancia en medio de las críticas por la escasa actividad legislativa registrada durante gran parte del primer semestre. En especial en la Cámara de Diputados, donde las diferencias políticas y la falta de consensos demoraron durante meses el tratamiento de distintos proyectos.

A ello se suma una estructura que, según estimaciones difundidas en ámbitos legislativos, cuenta con más de 2.200 empleados permanentes, además de asesores y personal contratado por los distintos bloques políticos.

En cuanto a las dietas, los legisladores provinciales perciben ingresos que oscilan entre los $5,8 y $6,3 millones mensuales. Sin embargo, especialistas remarcan que el mayor volumen de recursos está destinado al sostenimiento general del Poder Legislativo.

Otro de los puntos que suele generar debate son los llamados "módulos", partidas complementarias que pueden utilizarse para contratar asesores, financiar actividades institucionales y cubrir gastos operativos vinculados a la función parlamentaria.

El caso volvió a poner en el centro de la escena las duras denuncias realizadas por el jefe comunal apenas asumió el gobierno municipal, cuando aseguró públicamente que la Policía local era “la más corrupta de la historia”. En aquel momento, Egüen avanzó con el apartamiento de la cúpula policial del distrito y promovió cambios en el área de Seguridad.

El ahora detenido provenía del área de Comunicaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y, según trascendió, mantenía fuertes vínculos políticos y funcionales con ex integrantes de la anterior administración municipal, entre ellos el ex secretario de Seguridad y el ex secretario de Gobierno.

La investigación es llevada adelante por la Auditoría General de Asuntos Internos y la Justicia bonaerense. La causa incluye acusaciones por exacciones ilegales reiteradas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retención indebida y asociación ilícita. Además, las actuaciones también alcanzan a otros ex efectivos policiales que habrían integrado la misma estructura investigada.

La detención generó un fuerte impacto en el ámbito político y policial de la región y volvió a instalar el debate sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y los mecanismos de control interno dentro de la Policía Bonaerense.

La ANMAT cuenta con un sistema nacional de trazabilidad que permite seguir el recorrido de ciertos fármacos desde su producción hasta su destino final, con el objetivo de evitar desvíos, robos o falsificaciones.

Cada medicamento incluido en este sistema posee una especie de “DNI”: un código internacional (GTIN) que identifica el producto y un número de serie único por unidad. Desde el laboratorio, pasando por droguerías, distribuidores y farmacias, cada movimiento debe ser informado obligatoriamente, lo que permite reconstruir toda la cadena de circulación del fármaco hasta que llega a un establecimiento de salud.

Sin embargo, uno de los puntos más sensibles aparece dentro de los hospitales. En el caso de medicamentos como el propofol o el fentanilo, la trazabilidad no se realiza ampolla por ampolla, sino por caja. Esto implica que, una vez que el producto ingresa al hospital, el seguimiento individual de cada dosis deja de estar bajo el sistema nacional y pasa a depender de los registros internos de cada institución.

Este esquema genera una zona gris: el sistema puede confirmar que una caja llegó a un hospital, pero no puede determinar automáticamente qué ocurrió con cada ampolla. Por eso, en investigaciones como la del caso reciente, el foco se traslada a los controles internos, el acceso al stock y la consistencia entre inventarios y consumo, dejando en evidencia que una parte clave del control depende de cómo cada centro de salud gestiona sus propios mecanismos de seguimiento.

Las imágenes del evento, difundidas en redes sociales por la propia comuna, muestran al intendente Carlos “Cali” Goring posando junto a mujeres que sostenían artículos de limpieza, lo que generó una ola de críticas y cuestionamientos en internet.

En la publicación oficial se indicaba que la actividad buscaba “homenajear y reconocer el rol fundamental de las mujeres de nuestra comunidad”, pero las fotografías provocaron rechazo en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron que el gesto reforzaba estereotipos vinculados a las tareas domésticas.

Ante la repercusión, el jefe comunal salió a explicar el sentido del evento en declaraciones a una radio local. Según sostuvo, los elementos entregados estaban vinculados a juegos que se realizaron durante la jornada.

“A veces es la única oportunidad de que las mujeres salgan de sus casas, vengan, se junten y compartan una tarde con alegría y juegos”, afirmó Goring.

El intendente agregó que los artículos formaban parte de una dinámica recreativa en la que las participantes debían representar tareas para que el resto adivinara de qué actividad se trataba.

“Esos elementos estaban relacionados con los juegos que representaban. Imitaban un trabajo y las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo”, explicó.

Además, el jefe comunal aseguró que durante la celebración se realizaron más de 80 sorteos con distintos premios para las mujeres que participaron del encuentro realizado en un predio municipal.

La localidad de Colonia Aurora cuenta con alrededor de 10 mil habitantes y se ubica en el centro-sur de la provincia de Misiones. La economía del distrito está vinculada principalmente a la producción de yerba mate, tabaco y soja.

La contratación se realizó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad y activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación ante la existencia de un vínculo familiar.

Según consta en el expediente, la propuesta fue elaborada por la propia Rouillet y la AACI fue considerada el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa por sus antecedentes dentro del Ministerio. Al momento de la apertura de ofertas se presentó una sola propuesta, la de la asociación finalmente adjudicada. A partir del encuadre del vínculo como “familiar (matrimonio)”, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad como mecanismo adicional de transparencia.

El servicio fue solicitado por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027 y prevé la formación de 132 agentes durante 2026, con cursos regulares, talleres para personal diplomático del ISEN y hasta 80 exámenes de nivelación. Las clases serán presenciales en la sede de la AACI en Retiro entre marzo y noviembre, e incluirán plataforma virtual, informes de seguimiento y certificaciones. El esquema de pago contempla un adelanto de hasta el 40% y el saldo en dos tramos del 30%, sujetos a resultados parciales y finales.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre, en una jurisdicción donde rige la normativa de tolerancia cero. El funcionario policial circulaba en una camioneta Ranger perteneciente a la fuerza y viajaba acompañado por su familia, a la que llevaba de vacaciones.

Durante el procedimiento, la agente a cargo del control le recriminó su conducta al advertir que se trataba de un móvil oficial. “Usted viene en un móvil oficial, señor. ¿Usted es policía y está tomando alcohol?”, se escucha decir en el video que rápidamente se viralizó.

El protagonista del episodio fue identificado como Ignacio Adolfo García Acosta, subcomisario de la División Delitos Tecnológicos, dependiente del Departamento Ciberdelitos de la Policía Federal. Tras conocerse el hecho, fue puesto en disponibilidad mientras se avanza con las actuaciones administrativas correspondientes.

El caso vuelve a poner en el centro del debate el uso indebido de vehículos oficiales y el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en provincias donde el consumo de alcohol al volante está prohibido sin excepciones.

Luego de un fallo judicial que obligó a la empresa estatal a reparar un tramo deteriorado en el acceso al puente que conecta con la ruta 51, las obras se realizaron, pero apenas tres meses después la calzada volvió a romperse, generando indignación entre vecinos y autoridades locales.

La intervención se había concretado tras una medida cautelar impulsada en 2025 por el intendente Mauro Poletti, ante el grave estado del acceso y el riesgo que implicaba para la seguridad vial. Si bien Corredores Viales cumplió formalmente con la orden judicial, los trabajos consistieron en arreglos parciales que no resistieron el tránsito pesado, provocando nuevamente hundimientos y baches, incluso en peores condiciones que antes de la reparación.

El caso se suma a otros antecedentes similares en rutas bonaerenses, donde los trabajos de mantenimiento realizados por la empresa fueron señalados como precarios e insuficientes. En un contexto de paralización de la obra pública y falta de mantenimiento sostenido, la situación vuelve a poner en debate el estado de las rutas nacionales y la eficacia de las intervenciones realizadas por el organismo estatal.

Durante el encuentro, se especulaba que Espert podría renunciar a su postulación como primer diputado por la provincia de Buenos Aires, pero el legislador desmintió los rumores: “No me bajo nada”, afirmó en X al periodista Eduardo Feinmann.

La reunión se da en un contexto de tensión, ya que varias pruebas vinculan a Espert con Machado, detenido en Neuquén por narcotráfico. Aunque Espert intentó minimizar su relación, admitió que una empresa vinculada a Machado le transfirió US$200 mil en 2020 como adelanto por servicios de asesoramiento, mientras que nuevas evidencias indican que conocía al empresario desde antes de la campaña de 2019.

Dentro del espacio libertario La Libertad Avanza, las explicaciones de Espert no lograron despejar las dudas y se mantiene el debate sobre la continuidad de su candidatura. En caso de que desistiera, surgirá la incertidumbre sobre quién lo reemplazaría en el primer lugar de la lista, en cumplimiento con la ley de paridad: Karen Reichardt, actualmente segunda, o Diego Santilli, tercero.

Espert negó las acusaciones y aseguró que se trata de una “campaña sucia”. En declaraciones televisivas reconoció haber viajado en un avión de Machado en 2019, cuando presentó un libro en Viedma, pero remarcó: “Si hubiera sabido quién era, jamás le hubiera agradecido públicamente”.

Pese a esas aclaraciones, distintos medios difundieron información que reavivó la controversia. DiarioAR publicó que Espert figura como receptor de giros en dólares en un registro vinculado a Machado, mientras que Perfil señaló que el legislador habría recibido 200.000 dólares en febrero de 2020, datos que integran una denuncia penal que presentará el dirigente peronista Juan Grabois.

En medio del escándalo, el titular del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, pidió la salida inmediata de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos en ese lugar”, escribió en su cuenta de X.

Cabe recordar que Machado permanece preso en Estados Unidos desde abril de 2021, acusado de integrar una organización dedicada a producir y distribuir cocaína, además de enfrentar cargos por fraude y lavado de dinero.

En las últimas horas, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Alberti, con colaboración de la Estación de Policía Comunal local, procedió a la aprehensión de una mujer mayor de edad oriunda de la ciudad de Bragado. El hecho ocurrió en un hotel alojamiento ubicado a la altura del kilómetro 195 de la Ruta Nacional N° 5.

Según informaron fuentes policiales, la mujer aprehendida habría agredido físicamente y amenazado a otra mujer, también mayor de edad y oriunda de Bragado, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo. La agresión se habría producido mediante el uso de una llave de ignición de automóvil.

Ante la gravedad del episodio, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial de Mercedes, que dispuso una serie de medidas procesales, incluyendo la toma de declaraciones de interés y el traslado de la aprehendida junto a las actuaciones correspondientes para ser presentada el lunes 26 de mayo ante la justicia en audiencia de primera instancia.

Fuente: Bragado Informa.