La oferta fue respaldada por amplia mayoría en SUTEBA y por un ajustado margen en la FEB, reflejando distintas posturas entre los trabajadores de la educación.

El incremento se abonará en dos tramos: un 5% con los salarios de julio y un 2% adicional con los de agosto. Además, el acuerdo establece una nueva reunión paritaria durante agosto para revisar la evolución de los salarios en función de la inflación.

Desde SUTEBA destacaron que la propuesta no solo incluye una recomposición salarial, sino también avances en materia de condiciones laborales. En tanto, la conducción de la FEB señaló que la ajustada aprobación evidencia la preocupación de los docentes por la pérdida del poder adquisitivo y la necesidad de continuar las negociaciones.

El acuerdo también incorpora medidas vinculadas al ámbito laboral, entre ellas una adenda al Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación para fortalecer la respuesta ante situaciones de violencia en las escuelas, la creación de una mesa de trabajo para abordar casos complejos, el avance en la titularización de docentes de Educación Técnica y Agraria, mejoras en el sistema de licencias médicas y la revisión del Régimen Académico de la Educación Secundaria.

La oferta también contempla la reapertura de las negociaciones paritarias en septiembre y ahora será analizada por las organizaciones sindicales, que la pondrán a consideración de sus afiliados.

La propuesta mejora significativamente el ofrecimiento realizado la semana pasada, que había sido del 2,5% y fue rechazado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por gremios como Suteba, FEB, Sadop y Udocba. Según trascendió tras el encuentro, la nueva oferta fue recibida de manera favorable y se espera que entre este martes y miércoles los sindicatos definan si la aceptan.

Además del incremento salarial, la Provincia propuso incorporar una adenda al acuerdo paritario para reforzar la prevención y el abordaje de situaciones de violencia y acoso contra trabajadores de la educación. Entre las medidas previstas figura la creación de una mesa específica para tratar los casos más complejos y el lanzamiento de la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con acciones de concientización, capacitación y promoción de acuerdos de convivencia entre las escuelas y las familias.

Durante la reunión, el Gobierno de Axel Kicillof sostuvo que la propuesta se realiza en un contexto de "asfixia financiera extrema", situación que atribuyó a las políticas implementadas por el Gobierno nacional. En paralelo, este martes continuará la negociación con los trabajadores estatales de la Ley 10.430, quienes también aguardan una nueva propuesta salarial por parte del Ejecutivo bonaerense.

La iniciativa se suma a otras propuestas similares impulsadas por legisladores de distintos bloques políticos.

El proyecto toma como uno de sus principales fundamentos un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que declaró inconstitucional el límite etario al considerar que vulnera los principios de igualdad y no discriminación. El máximo tribunal entendió que fijar una edad máxima sin una justificación objetiva constituye una distinción arbitraria basada exclusivamente en la edad.

Lissalde sostuvo que la normativa vigente quedó desactualizada y que resulta necesario adecuarla a la realidad actual, donde muchos profesionales mayores de 50 años cuentan con formación, experiencia e idoneidad para desempeñarse en las aulas. Además, recordó que el Estatuto del Docente establecía originalmente un límite de 45 años, que fue elevado a 50 mediante una reforma sancionada en 2001.

El debate también se vincula con la dificultad para cubrir cargos docentes en distintos puntos de la provincia. En ese contexto, otros legisladores impulsaron iniciativas y pedidos de informes sobre la situación del sistema educativo, coincidiendo en la necesidad de revisar una restricción que, sostienen, impide incorporar docentes con experiencia en un escenario donde cada vez resulta más complejo cubrir vacantes.

La propuesta fue rechazada de inmediato por las organizaciones sindicales, que ni siquiera la sometieron a consideración de sus afiliados.

La administración de Axel Kicillof retomó las reuniones tras más de 20 días sin avances. Durante la jornada se realizaron dos encuentros: uno con el Frente de Unidad Docente Bonaerense y otro con los sindicatos que representan a los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430. En ambos casos, la oferta fue idéntica y recibió una negativa unánime.

Tras el rechazo, las negociaciones ingresaron nuevamente en un cuarto intermedio, aunque por el momento no se fijó una fecha para una nueva convocatoria.

Los gremios sostienen que el incremento propuesto resulta insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante el año. Según plantearon, los aumentos otorgados en 2026 suman un 9,1%, porcentaje que consideran por debajo de la inflación, por lo que reclaman una recomposición que permita recuperar el salario.

Desde el Gobierno provincial reiteraron que la oferta está condicionada por la situación financiera que atraviesa la Provincia. Atribuyeron las dificultades a la reducción de transferencias nacionales y al impacto de las políticas económicas implementadas por la administración del presidente Javier Milei, factores que, según indicaron, afectan la disponibilidad de recursos para mejorar la propuesta salarial.

Las últimas reuniones entre la administración de Axel Kicillof y los sindicatos se realizaron la semana pasada, pero no incluyeron una propuesta de incremento. En esos encuentros, las autoridades informaron sobre un plan de desendeudamiento y confirmaron el pago del medio aguinaldo en tiempo y forma, aunque advirtieron sobre la compleja situación fiscal de la Provincia.

Desde las organizaciones gremiales señalaron que esperaban una oferta que permitiera actualizar los salarios e impactara también en el aguinaldo. Ahora aguardan una convocatoria para la próxima semana y reclaman una recomposición "importante", con aplicación retroactiva, al sostener que la pérdida del poder adquisitivo ya supera el 3%.

El último acuerdo salarial venció en mayo y había establecido un aumento del 9,3% en cuotas, con una cláusula de revisión. Mientras el Gobierno busca cerrar un entendimiento que abarque varios meses para dar previsibilidad a las cuentas provinciales, los sindicatos insisten en que es necesario recuperar el poder de compra de los salarios frente a la inflación.

Los gremios que integran el frente (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA) advirtieron sobre la necesidad de una mejora real de los ingresos frente a la inflación y también plantearon otros reclamos vinculados a las condiciones laborales.

Entre los principales pedidos figuran la aplicación efectiva de medidas de protección ante hechos de violencia contra docentes, la defensa del sistema previsional provincial y del IPS, la implementación de la desconexión laboral fuera del horario de trabajo, la resolución de problemas en el sistema de licencias, la culminación de titularizaciones en Educación Técnica y el avance en la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Además, solicitaron revisar normativas vinculadas a la organización de las instituciones educativas y a los procesos de inclusión educativa.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires retomó este viernes el diálogo con los gremios docentes para revisar salarios, tal como estaba previsto.

La Provincia recibe a estatales y docentes para cerrar un nuevo aumento salarial
Si bien no se presentó una oferta de aumento, las autoridades tomaron nota de los planteos de los representantes sindicales y acordaron continuar las conversaciones en los próximos días.

En tanto, la Provincia sí confirmó que el medio aguinaldo será abonado en tiempo y forma. Además, se presentaron los lineamientos de un plan de refinanciación de deudas, ante casos graves de morosidad que deben enfrentar algunos trabajadores.

La reunión se realizó tras el encuentro del jueves con los gremios estatales, donde tampoco se discutió concretamente un porcentaje referido al incremento de los sueldos que, de alcanzarse, podría impactar en los haberes del mes de julio, pese a que la demanda de los trabajadores de la educación es otra.

Los gremios docentes plantearon la necesidad de que cualquier mejora impacte en los haberes de junio, mientras que desde la administración de Axel Kicillof analizan avanzar con una propuesta que comenzaría a regir desde julio, dinero que llegaría a los bolsillos recién en el mes de agosto.

Refinanciación de deudas
En el encuentro se presentaron los lineamientos de un plan de refinanciación de deudas impulsado por el Banco Provincia, una iniciativa que había sido solicitada por las organizaciones gremiales ante el creciente nivel de endeudamiento de los trabajadores estatales.

La propuesta contempla una reducción de tasas y la posibilidad de refinanciar obligaciones en hasta 72 cuotas.

Para quienes registren ingresos de hasta cuatro salarios mínimos - alrededor de 1.470.000 pesos - y tengan deudas con hasta 90 días de mora, se ofrecerá una tasa anual del 39%. La cuota mensual estimada por cada millón de pesos refinanciado será de 36.110 pesos.

Para quienes tengan deudas con más de 90 días de atraso y situaciones de sobreendeudamiento, el Banco Provincia ofrecerá una tasa especial del 31% anual. Bajo esta modalidad, la cuota estimada por cada millón de pesos refinanciado será de 30.700 pesos mensuales a seis años de plazo.

La administración de Axel Kicillof recibirá primero a los representantes del Frente Gremial Docente y posteriormente a los sindicatos que nuclean a los trabajadores de la administración pública bonaerense, entre ellos la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

La convocatoria llega luego del encuentro realizado el pasado 22 de mayo, donde no hubo una propuesta concreta de incremento salarial. En aquella oportunidad, el Gobierno provincial expuso las dificultades financieras derivadas de la reducción de transferencias nacionales, mientras que los gremios plantearon la necesidad de recomponer el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

Las expectativas están centradas en que la Provincia presente una oferta que permita recuperar parte de la diferencia acumulada entre los aumentos otorgados durante el año y la evolución de los precios. Hasta el momento, los trabajadores estatales bonaerenses percibieron un incremento salarial acumulado del 9% en cuotas, además de una bonificación remunerativa no bonificable de entre 20.000 y 30.000 pesos.

Uno de los aspectos clave de la negociación es el calendario de liquidación salarial. Los sueldos de junio deberán abonarse en los próximos días, por lo que cualquier acuerdo deberá cerrarse en estas horas para que pueda ser incorporado a los haberes del mes.

Además, una eventual mejora salarial tendría incidencia directa sobre el medio aguinaldo que percibirán los trabajadores estatales y docentes, convirtiéndose en uno de los principales puntos de interés para los sindicatos.

Desde el Ejecutivo provincial también buscan alcanzar un entendimiento que abarque varios meses, con la intención de otorgar previsibilidad a las cuentas públicas en un contexto económico complejo y de fuerte presión sobre las finanzas bonaerenses.

La normativa de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) definió cuáles son los cargos expuestos a “riesgo de sobrecarga en el uso de la voz”.

A través de la Resolución Conjunta 1750/26, las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires aprobaron un nuevo esquema para recalificar a los docentes que tengan problemas en la voz. La iniciativa define cargos, tareas, restricciones y protocolos médicos para garantizar la reincorporación al sistema de los trabajadores de la educación en base a sus capacidades.

Como primera medida, la normativa de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) definió cuáles son los cargos expuestos a “riesgo de sobrecarga en el uso de la voz”. Según el texto publicado en el Boletín Oficial de este viernes, se trata de los maestros, profesores, ayudantes de cátedra y preceptores. Todos los demás quedan afuera de este nuevo sistema.

Esto significa que los docentes que tengan alguna enfermedad en la voz no podrán ejercer ninguno de los cargos que implican un “uso forzoso y continuo” de las cuerdas vocales, informó el portal Infocielo. Sin embargo, “podrá continuar ejerciendo aquellos cargos que no impliquen exposición a una sobrecarga” para lo cual deberá solicitar la intervención de la Dirección de Salud Ocupacional tras pedir la recalificación profesional.

De acuerdo al nuevo esquema, ese cambio de cargos se va a hacer una vez que se acredite la patología y tras la intervención de una junta médica evaluadora. Cumplidos los trámites, el o la docente en cuestión debería ser transferido a uno de los cargos que no implican exposición a un riesgo de sobrecarga en el uso de la voz. De acuerdo al Escalafón Docente General hay más de una decena de posibilidades, todas vinculadas a la dirección, las secretarías o la inspección.

Cabe aclarar que los docentes recalificados podrán seguir participando de actividades pedagógicas, pero solo en “las imprescindibles, por situaciones extraordinarias, y cuando no haya otra persona que pueda realizarlas”. Ante este escenario, según la nueva norma, las tareas en cuestión no podrán superar las 6 horas semanales ni las 12 horas mensuales.

El planteo fue dirigido a la Dirección General de Cultura y Educación y apunta a evitar una extensión inusual en los plazos de cobro.

El pedido fue elevado formalmente mediante una nota al subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Hernán Turkenich, en la que se expone la preocupación del sector por la fecha estimada de pago, prevista para el 9 de abril. Según indicaron, esta situación implicaría una demora considerable respecto de los tiempos habituales.

Desde el FUDB señalaron que el escenario genera un impacto directo en la economía de los trabajadores de la educación, al extender excesivamente el período entre cobros. En ese marco, solicitaron que el gobierno encabezado por Axel Kicillof adopte una medida excepcional que permita adelantar la liquidación salarial y así aliviar la situación del sector.