La iniciativa define como negacionismo a toda manifestación que desconozca la existencia del terrorismo de Estado, relativice la gravedad de los crímenes cometidos, reivindique a personas condenadas o procesadas por delitos de lesa humanidad o desacredite los juicios y las sentencias vinculadas a esos hechos.

Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la creación de un régimen de sanciones económicas. Las multas previstas van del 50% al 100% del haber mensual de un Oficial Subayudante de la Policía Bonaerense. Además, se contempla el decomiso de material propagandístico y la posibilidad de reemplazar la multa por la realización obligatoria de capacitaciones sobre derechos humanos y memoria histórica.

La propuesta también prevé que los funcionarios públicos provinciales que incurran en conductas consideradas negacionistas puedan ser sometidos a procedimientos disciplinarios de acuerdo con la normativa vigente para cada cargo.

El proyecto será ahora analizado por las comisiones correspondientes de la Legislatura bonaerense antes de avanzar en su tratamiento parlamentario.

A cincuenta años de aquel fatídico 24 de marzo de 1976, el aire de esta jornada se percibe cargado de una solemnidad distinta. No es un aniversario más; es la marca de medio siglo desde que el terrorismo de Estado interrumpió la vida democrática y dejó una herida que, lejos de cerrarse en el olvido, se sana con la búsqueda incesante de la verdad. Hoy, las plazas de todo el país, desde la histórica Plaza de Mayo hasta cada rincón de nuestra provincia de Buenos Aires, se convierten en espacios de encuentro donde las nuevas generaciones recogen el legado de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Este 2026 nos encuentra procesando el peso del tiempo, entendiendo que la memoria no es un ejercicio estático hacia el pasado, sino una herramienta activa para proteger el presente. La cifra de los 50 años nos obliga a mirar el camino recorrido en materia de Derechos Humanos, reconociendo a la Argentina como un referente global en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el mensaje de este día sigue siendo claro y urgente: la vigilancia ciudadana es el único escudo real contra cualquier intento de autoritarismo. Recordar es, ante todo, un acto de responsabilidad civil para que el horror no encuentre nunca más una grieta por donde filtrarse.

Mantener encendida esta llama es entender que la identidad y la justicia son derechos innegociables. Porque, al final del día, el silencio solo favorece al pasado, mientras que la palabra y el recuerdo construyen el futuro que nos merecemos.

La medida alcanza al diario La Nueva Provincia, que deberá corregir notas en las que personas secuestradas y asesinadas fueron presentadas como “abatidas en enfrentamientos” o como delincuentes muertos en supuestos combates.

Durante el juicio quedó acreditado que esas publicaciones no fueron errores aislados, sino parte de un relato funcional a la represión ilegal.

El tribunal sostuvo que el medio replicó comunicados militares sin cuestionamientos, utilizó un lenguaje destinado a legitimar la violencia estatal y contribuyó al encubrimiento de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

Mantener ese archivo sin correcciones, señalaron los jueces, implica prolongar el daño causado y consolidar una versión falsa de los hechos que aún incide en la memoria social.

La orden de rectificación deberá cumplirse una vez que la sentencia quede firme y busca reparar en el plano simbólico, restituyendo la verdad histórica frente a décadas de desinformación.

El fallo remarcó que la reparación no se agota en las condenas penales y que también debe alcanzar a los discursos que moldearon la percepción colectiva del pasado, estableciendo un precedente sin antecedentes sobre la responsabilidad mediática durante la dictadura.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó con dureza ayer al gobierno de Javier Milei, al que comparó con la última dictadura cívico-militar, al tiempo que se preguntó en referencia al impacto social del ajuste económico: ¿Cómo puede ser posible que en este estado de situación, haya gente que apoya”.

Cristina Fernández consumó esta tarde en el Instituto Patria un proceso de elevación de su perfil público que parece poner fin a su silencio desde que dejó el gobierno que compartió con Alberto Fernández y que comenzó con un acto el 27 de abril en Quilmes, siguió con una aparición en el Instituto Patria el martes, el mismo escenario para el encuentro de hoy.

“Nos parece que estos momentos de crueldad, de individualismo, de ‘no me importa un pito lo que le pase al otro’, son inéditos, y quiero contarles que desgraciadamente no son inéditos. En 1979, cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los familiares fueron atendidos en oficinas y fue coetáneo con el Mundial Juvenil, y un conocido comentador de fútbol que ya no está desvió una reunión y lo hizo pasar por delante de los familiares, y los insultaron, agraviaron, les dijeron que eran parte de una campaña antiargentina”. Esa fue la fórmula retórica de la expresidenta para trazar una similitud entre la dictadura y el gobierno de Milei.

La ex mandataria cuestionó las políticas del líder libertario y puso el foco en el recorte de fondos a los comedores. “No mandan comida a los comedores, los comedores están sin dinero para alimentos, la gente come una vez al día. Algunos comen un viernes y vuelven a comer el lunes”, puntualizó.

En ese contexto, la expresidenta se realizó una pregunta política de fondo: “cómo puede ser posible que en este estado de situación, haya gente que apoya”.

La reaparición en el Patria estaba pensada como un homenaje al padre Carlos Mujica, bautizado “el primer cura villero” y asesinado el 11 de mayo de 1974. El homenaje se hizo, pero además se añadió la entronización de una imagen de la Virgen María, que fue colocada en el Salón de las Mujeres que Cristina inauguró el martes. Ocurrió después de que un sacerdote le recordara a la Expresidenta la figura de la Virgen como una mujer a homenajear y que no había sido tenida en cuenta en el diseño del salón. Para la ocasión no hubo políticos partidarios invitados: solo participaron sacerdotes –la mayoría de los curas en opción por los pobres- y monjas, además de dirigentes del DD.HH.

Cristina centró su intervención en la crítica al gobierno, sin alusiones a la interna que enfrenta a Máximo Kirchner, su hijo, con el gobernador Axel Kicillof, como había ocurrido en el acto de Quilmes.

Al insistir con la comparación de la actualidad con lo que pasaba en los años de la última dictadura, Cristina Kirchner enfatizó: “Escucho todo el tiempo y entre los compañeros, cómo puede ser posible que haya gente que apoya estas cosas. Cuando vino el golpe, después de la muerte de Mujica, del pelado Angelelli, hubo un tiempo en el que en Argentina era tremenda la violencia y amplios sectores de la sociedad la ignoraban, y decían algo habrán hecho”.

En esa misma línea, siguió: “Tal vez ignoraban lo que pasaba, tal vez creían en los medios, pero lo que quiero decir con esto es que si hacemos esto de docencia, si esta angustia que se siente en los barrios podemos transformarla en docencia, en organizar, salir, las cosas van a cambiar”.

Indignación, reclamo y mucho dolor son algunos de los sentimientos que encierra el intercambio epistolar entre familiares de desaparecidos y detenidos durante la última dictadura cívico-militar y las autoridades de la Iglesia Católica, según documentación recientemente desclasificada de los archivos del Episcopado y del Vaticano.

La información inédita está contenida en el segundo tomo del libro "La verdad los hará libres: la Iglesia católica en la espiral de violencia en la Argentina 1966-1983", editado por Planeta, que fue presentado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) encabezada por monseñor Oscar Ojea y contó con el impulso del papa Francisco.

Los autores del volumen de casi 900 páginas son los teólogos e historiadores Carlos María Galli, Luis Liberti, Juan Durán y Federico Tavelli, entre otros.

En "El clamor de las víctimas", último capítulo del libro, Luis Liberti, Irene Elordi, Guadalupe Morad y Federico Ripaldi recopilan la correspondencia conservada en la Secretaría de Estado del Vaticano y en el Episcopado durante los años que sucedieron al golpe de 1976, del que mañana se cumplen 47 años.

Se trata de documentos, inéditos hasta el momento, que permiten reconstruir narraciones, sentimientos y emociones vividas en la búsqueda de seres queridos.

"No son papeles viejos e inanimados, siguen clamando y reclamando por una justicia largamente esperada. Con los logros realizados y los débitos pendientes", dicen los autores del capítulo.

Según detallan, las cartas "expresan formalmente los reclamos sobre el paradero, el estado de salud, la situación legal, la posible liberación de cada detenido, interpelan por cada detenido-desaparecido; además resguardan testimonios de dolor y alegría; de sufrimiento y de alivio; de vida y de muerte; de esperanza y desaliento".

"La correspondencia reflejó el profundo sufrimiento y reclamo de los familiares ante los penosos e injustos acontecimientos que afrontaron. Hubo quienes explicaron con detalle las crudas atrocidades cometidas con sus hijos, hermanos, esposos, etcétera", precisan.

Una funcionaria del municipio de Rivadavia, Mendoza, reivindicó a la dictadura militar y el terrorismo de Estado en una publicación realizada en las últimas horas en sus redes sociales, por lo que dirigentes políticos y sociales de la provincia la repudiaron y pidieron su apartamiento.

Se trata de Claudia Jaunin (UCR), subdirectora del área de Turismo del municipio de Rivadavia, 60 kilómetros al este de la capital provincial, quien compartió un posteo en Facebook con un montaje que reivindica la dictadura cívico-militar y hace referencia al secuestro de personas.

En el posteo, que luego fue eliminado pero antes había sido captado por usuarios de las redes, aparecen el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa dentro del baúl de un auto Ford Falcon verde y parado al lado del vehículo el genocida Jorge Rafael Videla.