En un comunicado, la entidad expresó que "condena las críticas vertidas por la Cancillería argentina hacia Israel por su respuesta militar al criminal atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre".

"La DAIA condena las críticas vertidas por @CancilleriaARG hacia Israel y ratifica su derecho a la defensa tras el ataque terrorista de Hamas, que asesinó a más de 1400 personas y tiene a 239 secuestrados entre hombres, mujeres, ancianos y niños, de los cuales 21 son argentinos", señaló la entidad en un mensaje que colgó en su cuenta de Twitter.

La DAIA, el brazo político de la comunidad judía en Argentina, aludió al "derecho a la defensa que tiene un Estado democrático ante el brutal ataque en el que fueron asesinadas más de 1.400 personas, se hirieron a miles y se secuestraron a 239" personas, de las cuales "21 son argentinos".

"Es momento de diferenciarse de las posiciones pusilánimes de algunos países de la región que han decidido romper relaciones con Israel y condenar su legítimo derecho a la defensa", reclamó la entidad.

Afirmó, además, que "es indispensable que Argentina, al igual que la comunidad internacional, eleve su voz y repudie explícitamente la violencia desencadenada por Hamás que pretende asesinar judíos y llevar nuevamente al Medio Oriente por el camino de la muerte y la destrucción".

"De manera urgente, las autoridades argentinas deben dar muestras de su compromiso en utilizar todos los recursos a su alcance para obtener la libertad de los secuestrados y su pronto regreso a casa", añade el comunicado.

Este miércoles, la Cancillería argentina reiteró en un comunicado que "ha condenado en términos inequívocos" los ataques de Hamás y recalcó que "reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa", pero aseveró que "nada justifica la violación del derecho internacional humanitario, y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados, sin realizar distinción alguna".

"Nuestro país condena, por tanto, el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, el cual produjo cientos de muertos y heridos", señaló la Cancillería argentina, que pidió detener los ataques contra la infraestructura civil.

Bolivia comunicó el martes la ruptura diplomática con Israel, tras valorar que el país asiático cometió una "agresiva y desproporcionada ofensiva militar" contra la población palestina en la Franja de Gaza.

Por su parte, Chile y Colombia llamaron este martes a consultas a sus respectivos embajadores en Israel.

"Esta mañana presentamos un pedido para que se rechace tanto la pretensión de la tripulación para salir del país como la devolución del avión", confirmó la abogada de la DAIA, Marta Nercellas, que es querellante en la causa.

La presentación de la asociación israelita se realizó después de que el juez, Federico Villena, que analiza el caso, diera la orden de liberar la carga de la aeronave este lunes.

El avión es un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presunta colaboración logística para organizaciones terroristas.

"La carga estaba bien, por lo cual el juez hizo lo que correspondía", indicaron fuentes de la Dirección General de Aduanas.

El avión ingresó a Argentina el 6 de junio pasado, procedente de México, efectuando una escala en Venezuela, para trasladar un presunto cargamento de repuestos para una empresa automotriz, dos días después despegó para cargar combustible en Uruguay, pero debió volver al Aeropuerto Internacional de Ezeiza porque el país vecino no autorizó su aterrizaje.

Las petroleras decidieron no venderles combustible por temor a las sanciones norteamericanas y recién el 11 de junio el Gobierno ordenó la retención del aeroplano y a sus 19 tripulantes, 5 iraníes y 14 venezolanos.

"Fundamentamos el rechazo de la liberación de los tripulantes en todas las razones jurídicas, que así lo justifican, desde el peligro de fuga y teniendo como antecedente la previa conducta de Irán respecto de otros exhortos diplomáticos que se le giraron y porque faltan un montón de pruebas a realizar", explicó la abogada de la DAIA.

Este caso generó gran revuelo en la sociedad, que todavía tiene fresco el recuerdo de los atentados terroristas en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

"Nos basamos en los convenios internacionales firmados por nuestro país en donde nos obliga a investigar los temas de presunción y financiamiento de terrorismo de la forma más exhaustiva", concluyó Nercellas.

AMIA y DAIA remarcan que la causa judicial sobre el atentado a la mutual judía "determinó la responsabilidad de Irán, de ex funcionarios de ese país y de Hezbollah en el planeamiento y en la ejecución de la masacre" ocurrida en julio de 1994.

Y menciona que se constató que ese país tuvo una activa participación en "la decisión, organización y financiamiento del ataque terrorista."

"Ya sea por interés o por desconocimiento, intentar hacer diferenciaciones entre Irán y Hezbollah solo lleva a provocar confusión en la opinión pública. No hay dudas de que ambos forman parte de la misma matriz terrorista", señala el comunicado.

A continuación el texto completo del comunicado:

AMIA y DAIA, organizaciones centrales de la comunidad judía argentina, ponen de manifiesto y recuerdan que la causa judicial que se lleva adelante en nuestro país por el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de Pasteur 633, determinó la responsabilidad de Irán, de ex funcionarios de ese país y de Hezbollah en el planeamiento y en la ejecución de la masacre, que dejó el doloroso saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas.

El expediente judicial acredita múltiples pruebas y contiene numerosas evidencias que, derivadas y constatadas a través de diversas fuentes, permitieron establecer el rol de Irán y su activa participación en la decisión, organización y financiamiento del ataque terrorista, del que ya se cumplieron 28 años.

Resulta fundamental respetar y dar continuidad a los elementos de prueba que figuran en la causa y a las conclusiones a las que arribó la Justicia argentina, que luego fueron confirmadas por Interpol con la emisión de sus alertas rojas, de modo que permanezcan vigentes las órdenes internacionales de captura que pesan sobre los acusados, para que puedan ser juzgados en nuestro país con las debidas garantías constitucionales.

Más allá de informes de inteligencia y publicaciones periodísticas que puedan trascender, cabe reiterar que la causa judicial tramitada en la Argentina siempre sostuvo que el atentado contra la sede de Pasteur 633 fue ejecutado por miembros de Hezbollah, brazo armado y ejecutor de Irán.

Ya sea por interés o por desconocimiento, intentar hacer diferenciaciones entre Irán y Hezbollah solo lleva a provocar confusión en la opinión pública. No hay dudas de que ambos forman parte de la misma matriz terrorista.

La presencia de Irán en nuestra región desde la década del 90, a través de integrantes de Hezbollah activos en diferentes países, ha sido sobradamente documentada y, en la actualidad, sigue despertando gran preocupación.

La difusión de extractos de un informe que no ha sido aportado al expediente judicial no modifica en absoluto lo que las instituciones comunitarias vienen sosteniendo hace 28 años y que consta en la causa. La Fiscalía que tiene a su cargo la investigación debe continuar procurando todas las pruebas que pudieran llegar a conocerse para que pueda finalmente alcanzarse la justicia.

A días de haberse conmemorado el 28° aniversario del peor atentado terrorista que sufrió nuestro país, AMIA y DAIA expresan, una vez más, su compromiso permanente e indeclinable para lograr que los responsables intelectuales y materiales del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 sean juzgados y cumplan sus condenas por el atroz crimen de lesa humanidad que cometieron.