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Proyectan penas más duras para violadores y cadena perpetua efectiva

CTS — Thu, 13 Feb 2025 09:11:24 +0000

Mientras avanzan las discusiones por los proyectos pendientes en el Congreso en las sesiones extraordinarias, el Gobierno ya prepara algunas de las iniciativas que enviará para su tratamiento durante el próximo periodo de ordinarias, una de las cuales es la modificación del Código Penal para endurecer las sentencias para determinados delitos.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, el texto en cuestión ya está listo desde octubre pasado y el objetivo es que sea presentado por el presidente Javier Milei cuando inaugure, el primero de marzo, el año legislativo.

A pesar de que en esta oportunidad esa fecha caerá un sábado, la cúpula libertaria no tiene previsto mover el acto para otro día y lo hará en pleno fin de semana y por la noche, con transmisión por cadena nacional.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, es quien está detrás de los cambios, junto a un equipo de asesores en la materia que integran la Comisión de Reforma del Código Penal, encabezada por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre.

Este cuerpo está integrado, además de por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por los jueces Mariano Borinsky (titular de la Cámara Federal de Casación Penal), María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez.

El grupo interdisciplinario se completa con los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

El camarista Borinsky, uno de los principales autores del texto, visitó este martes por la tarde a Cúneo Libarona en su oficina para terminar de cerrar algunos detalles antes de la presentación formal.

Según anticiparon personas al tanto de esta propuesta, uno de los cambios que se introducirán estará vinculado con la cadena perpetua, que actualmente fija una pena máxima de 35 años, excepto casos muy específicos y aislados.

De hecho, el único criminal que está hace más de 5 décadas en prisión es el múltiple homicida Carlos Eduardo Robledo Puch, apodado “El ángel de la muerte”, quien entre 1971 y 1972 mató a once personas.

Actualmente, el artículo 13 del Título II del Código Penal establece que “el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco años de condena”, podrá obtener la libertad “por resolución judicial”, previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que “pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social”.

“Nosotros queremos, no solo que todas las penas sean más altas, sino que la perpetua sea, efectivamente, perpetua, para toda la vida”, explicó uno de los funcionarios que están elaborando el proyecto.

Si bien todavía no se determinó qué tipo de delitos entrarían dentro de los parámetros para esa condena, serían los más graves, como algunos tipos de homicidio o hechos de violencia importante.

Para las violaciones, por ejemplo, lo que se está estudiando es incrementar el castigo, que hasta el momento está fijado de seis a quince años, que se pueden extender hasta 20 ante diferentes agravantes, como daño en la salud física o mental de la víctima, o cuando el atacante tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual.

Las autoridades nacionales argumentan que esta decisión de aumentar las penas se basa en la convicción de que “además de funcionar como método punitivo, sirven como una suerte de disuasión del delito”.

“Si un criminal no le tiene miedo a la pena porque sabe que si lo agarran, que ya no es en todos los casos que ocurre, entra a una comisaría y al día siguiente sale, no tiene sentido que exista, porque esa persona va a seguir delinquiendo”, señalaron.

De hecho, el propio presidente Javier Milei suele repetir que durante su administración se va a aplicar una doctrina de seguridad más dura, bajo el concepto de “el que las hace, las paga”.

El mandatario se basa, entre otras cosas, en el libro “Crimen y castigo”, del autor estadounidense Gary Becker, en el que abordó el problema de la inseguridad desde un punto de vista económico.

En paralelo a esta iniciativa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está trabajando en un proyecto para construir cárceles de gestión privada, con el objetivo de aliviar la carga de los establecimientos penitenciarios estatales, que sufren de sobrepoblación desde hace décadas.

Ya en mayo pasado, la funcionaria anunció, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la creación de dos prisiones privadas en la ciudad de Buenos Aires, aunque por ahora no fueron inauguradas.

Se estudia tipificar el delito de la compra-venta de niños con fines de adopción

JS — Mon, 19 Sep 2022 08:17:28 +0000

El Senado de la Nación tiene en estudio un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que tipifica el delito de compra-venta de niños, niñas y adolescentes en el Código Penal con el objeto de combatir la adopción ilegal, para lo cual establece penas de entre 5 y 15 años de prisión efectiva.

En la redacción del proyecto, colaboró la entidad Abuelas de Plaza de Mayo, para corroborar que las pautas de la iniciativa no chocaran con el delito de apropiación de niños previsto actualmente en el artículo 146 del Código Penal. El proyecto también incorpora al Código Penal el artículo 139 ter, para reprimir con «prisión de 5 a 15 años el que entregare o recibiere a una persona menor de edad cuando haya mediado en la transferencia precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de retribución».

Además, establece que «incurrirán en la misma pena quienes ilegítimamente facilitaren, promovieren, o de cualquier modo intermediaren en las conductas previstas aun cuando no haya mediado precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de retribución».

El proyecto de ley, también señala: «sufrirán además inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena el funcionario o empleado público, profesional o personal de la salud, abogado, encargado de la educación o de la guarda de la persona menor de edad, o miembro de organizaciones especializadas en adopción que, en el ejercicio de su actividad, cometiere o participare de cualquier modo en alguna de las conductas descriptas».

Buscan incorporar la figura de travesticidio en el Código Penal

CTS — Wed, 29 Jun 2022 08:14:10 +0000

En la semana del Orgullo, la Diputada Nacional Mónica Macha presentó un proyecto "en busca de una justicia transfeministas" para sumar conceptos y figuras que nombres estos crímenes con perspectiva de género para considerar su agravante.

Mónica Macha pidió incorporar la figura de travesticidio en el código penal cuando la víctima se identifique como travesti o trans.

"La sentencia explicará que se trata de travesticidio, transfemicidio, transhomicidio, según corresponda, señalando la cadena de estigmas y violencias que los vincula: rechazo familiar, analfabetismo, obstáculos en educación y sanitarios, enfermedades, exclusión laboral, prostitución, violenciala medidas de reparación transformadora de la violencia estructural para lxs sobrevivientes y colectivas, en la sentencia de travesticidio/ transfemicidio/ transhomicidio", señaló en la presentación del proyecto.

Quedan comprendidos en el concepto de “odio”, los contextos, patrones y prácticas de violencia, discriminación, subordinación o exclusión histórica, estructural, sistemática o estereotipada, tanto en el ámbito público como en el privado.

Cuando la víctima se identifique como travesti o trans, la sentencia explicará que se trata de travesticidio, transfemicidio, transhomicidio, según corresponda, señalando la cadena de estigmas y violencias que los vincula: rechazo familiar, analfabetismo, obstáculos en educación y sanitarios, enfermedades, exclusión laboral, prostitución, violencia policial, mediática, política, y asesinatos que existe sobre el colectivo social.

Uruguay: piden duras penas para los que violen la cuarentena

JS — Sun, 18 Apr 2021 08:37:54 +0000

Hasta con dos años de prisión pretende castigar el Senado de Uruguay a quienes incumplan las normas sanitarias y violen la cuarentena.

El Senado de Uruguay avanza con una reforma al Código Penal para penar con hasta dos años de prisión a aquellas personas que incumplan las normas sanitarias y violen la cuarentena, informaron los medios uruguayos.

La medida es impulsada en momentos en que Uruguay vive una profunda crisis sanitaria, por el fuerte incremento de los casos de coronavirus, que esta semana llegaron a más de 160.000 con casi 2.000 muertos.

De aprobarse, algo que los medios uruguayos dan por hecho, el nuevo texto del Código Penal dirá: "El que mediante violación de disposiciones sanitarias pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión".

La iniciativa, aprobada en comisiones y que será debatida en el recinto el próximo martes, justifica además la pena máxima "cuando el hecho se suscitare declarada una emergencia sanitaria".

El legislador oficialista Mario Colman había presentado el proyecto para su aprobación en Diputados, pero hasta ahora el Gobierno no había avanzado con el texto legal.

Uno de los pioneros de esta iniciativa fue el procurador general de la nación, Jorge Díaz, quien en el inicio de la pandemia planteó la necesidad de modificar el delito de daño contra las medidas sanitarias, y transformarlo en "delito de peligro", para habilitar al Poder Judicial a imputar penalmente a todos aquellos que violen la cuarentena, en el marco de la emergencia sanitaria.

El Frente Amplio dijo que no va a acompañar la medida.

"No acompañamos la modificación al delito de violación de las disposiciones sanitarias ya que consideramos que para hacer esa modificación, se debe, desde el Estado, tratar las situaciones de vulnerabilidad social", explicó el senador del FA Charles Carrera en declaraciones a Télam y señaló que los diputados de su partido hicieron aportes pero no fueron tenidos en cuenta.

"Además -destacó-, es un delito difícil (de probar) persecución y prueba" y el artículo reformado "puede servir para criminalizar a ciertas personas que no tienen un sustento y tengan que salir a trabajar", alertó Carrera.

DESPUES DE CAMILA, CAMBIOS EN EL CODIGO PENAL?

DOE — Fri, 02 Mar 2018 08:00:12 +0000

Los juristas que analizan los cambios en el Código Penal proponen varias medidas de vigilancia especial para evitar la reincidencia de violadores y femicidas.

Viernes, 2 de marzo de 2018

El homicidio de Camila Borda, la nena de 11 años violada y asesinada en Junín, puso en debate una vez más qué se debe hacer con los delincuentes acusados de ataques sexuales. Por lo pronto, en el anteproyecto del nuevo Código Penal se establecerá que los condenados por este tipo de delitos no podrán tener el beneficio de la libertad condicional y deberán cumplir en prisión la totalidad de la pena impuesta. Así lo sostuvo Mariano Borinsky, presidente de la comisión de juristas y especialistas convocados por el Gobierno para elaborar esa iniciativa.

Esa comisión de especialistas analiza también la creación del denominado instituto de "seguimiento socio-judicial", como una medida de seguridad posterior al cumplimiento de la condena, siguiendo al modelo del Código Penal francés.

El proyecto para modificar el Código Penal será presentado el mes próximo. "En primer lugar, la comisión fija la prohibición de acceso a la libertad condicional para los condenados por homicidios agravados y por delitos sexuales graves, fomentando así el cumplimiento total de las penas para dichos delitos", según explicaron fuentes oficiales.

La comisión de especialistas fue creada por un decreto del presidente Mauricio Macri en febrero del año pasado. Además de Borinsky, está integrada por Carlos Mahiques, juez de la Cámara Nacional de Casación Penal; Patricia Llerena, integrante de un tribunal oral en lo criminal (TOC) porteño; Víctor María Vélez, de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial; Pablo López Viñals, procurador general de Salta; Guillermo Yacobucci, integrante de un TOC porteño y profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Austral; Fernando Córdoba, docente de la UBA; Patricia Ziffer, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el fiscal Pablo Turano, y Carlos González Guerra, actual director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal.

El instituto de "seguimiento socio-judicial", explicaron las fuentes consultadas, "está previsto para determinados delitos muy graves, tales como el homicidio agravado, el abuso sexual agravado, otros ataques graves contra la integridad sexual y los delitos que se cometan en un contexto de violencia de género. Consiste en la imposición de determinadas medidas de vigilancia y asistencia destinadas a prevenir la comisión de nuevos delitos que el condenado debe respetar durante un plazo máximo de diez años, con posterioridad al cumplimiento de la pena impuesta".

Ya existe un borrador con las bases del instituto de seguimiento socio-judicial, en el que se explica cuáles pueden ser las medidas para controlar a delincuentes sexuales que cumplieron la condena.

Entre las situaciones que serían impuestas tras la condena figura la obligación de estar siempre localizable mediante dispositivos electrónicos que permitan un seguimiento permanente; además se dispondría la obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el órgano competente establezca; la obligación de comunicar inmediatamente cada cambio del lugar de residencia y del lugar o puesto de trabajo; la prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización del órgano competente; la prohibición de aproximarse a la víctima y a sus familiares, y la prohibición de acudir a determinados lugares.

Los juristas también propondrán como medidas para el seguimiento socio-judicial, la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecer o facilitar la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza; la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares y la obligación de seguir tratamiento médico o psicológico externo o de someterse a un control médico periódico.

En la provincia de Buenos Aires, por medio de una resolución del Ministerio de Justicia firmada en octubre de 2014, se implementó el denominado Programa de Tratamiento Psicológico Grupal "para personas privadas de la libertad por delitos contra la integridad sexual". Según fue explicado en el artículo 2 de esa resolución ministerial, el programa quedó bajo la órbita de la dirección provincial de Política Criminal, en coordinación con la dirección provincial Política Penitenciaria.

"La virtud de esta propuesta es que resulta ser un aporte innovador, disruptivo de las estructuras y las prácticas cristalizadas y, en ese sentido, viene a problematizar y discutir un conjunto de discursos establecidos sobre la cuestión de los delitos sexuales y se centra en el sujeto privado de la libertad como persona y como ciudadano. Además, apunta a brindar un abordaje específico a estas personas, tendiente a proporcionar un espacio de contención, acompañamiento, asistencia y seguimiento, tanto dentro como fuera del penal", se explicó en esa resolución.