El hecho se registró en la intersección de las calles Rivadavia y Rafael Obligado, donde efectivos de la Policía Comunal acudieron tras un llamado al servicio de emergencias que alertaba sobre una persona ocasionando disturbios.

Al arribar al lugar, los uniformados identificaron a Ángel David Lombardo, quien, según el parte policial, se encontraba alterado. En ese contexto, procedieron a su aprehensión.

Siempre de acuerdo con la información oficial, durante el procedimiento el hombre habría dañado de una patada la óptica de un móvil policial y proferido amenazas contra los efectivos intervinientes.

El aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 del Departamento Judicial Mercedes, en una causa caratulada "Amenazas, resistencia a la autoridad y daño".

El cartel contenía frases dirigidas a los profesores identificados como Pablo y Ana, firmadas bajo el seudónimo “El Intocable”. La situación generó alarma entre directivos, docentes y familias, especialmente cuando la imagen comenzó a circular en redes sociales acompañada de nuevos mensajes publicados desde una cuenta vinculada a estudiantes del último año del nivel secundario.

Según trascendió, el hecho estaría relacionado con un alumno cuya matrícula no había sido renovada por cuestiones disciplinarias. Sin embargo, el joven logró reincorporarse al establecimiento tras presentar un recurso ante la Justicia Civil, circunstancia que habría profundizado el conflicto.

Frente a lo ocurrido, los docentes difundieron una carta abierta en la que manifestaron su preocupación por situaciones de violencia, hostigamiento y discriminación dentro del ámbito escolar. En el texto advirtieron sobre la naturalización de conductas agresivas y cuestionaron que la humillación pueda convertirse en una forma de entretenimiento o expresión entre los jóvenes.

“Hoy decidimos frenar y actuar con este pequeño gesto simbólico”, señalaron los educadores, quienes remarcaron que no pueden permanecer indiferentes ante hechos que afectan la convivencia escolar. El caso abrió un debate sobre los límites, el respeto hacia la autoridad docente y el creciente impacto de las redes sociales en los conflictos dentro de las instituciones educativas.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un hombre, identificado como Miguel Ángel Valbuzzi, había mantenido momentos antes una discusión con su pareja, durante la cual le provocó lesiones de carácter leve.

De acuerdo al informe oficial, la situación escaló cuando el agresor amenazó de muerte a la víctima, exhibiendo un arma blanca, lo que motivó su inmediata aprehensión en el marco de un flagrante delito.

El acusado fue trasladado y alojado en la seccional policial local, quedando a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial Mercedes, que interviene en la causa.

En tanto, la víctima recibió asistencia por parte del equipo profesional de la Comisaría de la Mujer y la Familia, que activó los protocolos correspondientes para este tipo de casos.

La iniciativa, impulsada por el diputado Andrés De Leo, crea un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en Escuelas. El objetivo es que quienes realicen estos llamados —desde alertas de bomba hasta amenazas de ataques— se hagan cargo del despliegue de recursos que implican, como la intervención de fuerzas policiales, bomberos y servicios de emergencia.

El proyecto establece que, en caso de tratarse de menores de edad, la responsabilidad económica recaerá en sus padres o tutores. Además, prevé un procedimiento administrativo con derecho a defensa, fijación de montos bajo criterios de razonabilidad y la posibilidad de ejecución fiscal si no se cumple con el pago.

La propuesta también contempla la creación de un registro provincial de incidentes para mejorar la prevención y el seguimiento de estos casos. “Cada falsa amenaza tiene un costo económico, pero sobre todo un costo humano que no podemos naturalizar”, señalaron desde el entorno del legislador, al fundamentar la necesidad de “poner límites” ante una problemática en crecimiento.

En algunos casos, directamente se prohibió el uso de mochilas y se dispuso que los estudiantes asistan con sus útiles en bolsas transparentes o los lleven en la mano, como forma de facilitar controles visuales en los ingresos.

Una de las situaciones se registra en el Instituto Concepción Inmaculada de Villa Domínico, en Avellaneda, donde los alumnos del nivel secundario concurren sin mochilas desde esta semana. La decisión se tomó luego de que un estudiante realizara una amenaza que, si bien luego fue descartada, generó fuerte inquietud en la comunidad educativa.

Escenarios similares se viven en el Instituto Lourdes de Ituzaingó, donde más de 300 estudiantes deben asistir con útiles en bolsas transparentes o carpetas, tras la aparición de una pintada con mensajes intimidantes dentro del establecimiento.

Las familias, en general, acompañan las medidas, aunque reconocen las dificultades que implican. Entre los padres predomina la idea de que se trata de decisiones necesarias frente al contexto actual, aunque también advierten que son soluciones provisorias ante un problema más profundo.

El clima de preocupación es compartido por alumnos, docentes y directivos, especialmente ante la reiteración de amenazas que, aun cuando no se concretan, generan temor e incertidumbre.

Las disposiciones, que por ahora serían temporales, buscan reforzar la seguridad sin interrumpir el dictado de clases, en un escenario donde la prevención empieza a imponerse frente a episodios que sacuden a toda la comunidad educativa.

El procedimiento se inicia en el mismo momento en que aparece un mensaje intimidante, ya sea a través de pintadas, carteles o cualquier advertencia escrita dentro del ámbito escolar. Ante esto, el personal docente o no docente debe informar de inmediato al equipo directivo de la institución.

A partir de allí, los directivos dan intervención al inspector de enseñanza, quien eleva el caso al inspector distrital. En paralelo, se realiza la denuncia formal ante la fiscalía correspondiente, sin que sea necesario identificar en una primera instancia al autor de la amenaza.

De manera simultánea, la Inspección Distrital articula con las áreas centrales del sistema educativo para garantizar un seguimiento integral del caso. El protocolo también contempla un abordaje dentro de la comunidad educativa, comenzando por el grupo directamente afectado —como el curso donde surgió la amenaza— y extendiéndose luego a toda la institución.

Además, se establece contacto con las familias para informar la situación y generar instancias de acompañamiento. En este proceso intervienen equipos de orientación escolar, inspectores de nivel y profesionales del área de Psicología, con el objetivo de contener a los estudiantes, prevenir nuevos episodios y reducir cualquier riesgo.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense recordaron que este tipo de amenazas constituyen un delito tipificado en el Código Penal bajo la figura de intimidación pública, que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión.

Según el comunicado oficial, la actuación se llevó adelante en articulación con el equipo de conducción institucional y con otros organismos competentes, entre ellos el área de seguridad, siguiendo lo establecido en la Comunicación Conjunta N° 1/23, vinculada a la guía de resolución de conflictos. En ese marco, además, se realizó la denuncia correspondiente.

Desde la Jefatura se indicó que ya se encuentran en marcha los procedimientos previstos para este tipo de situaciones, con un abordaje conjunto y corresponsable entre las distintas áreas intervinientes.

El objetivo central de la intervención es garantizar el resguardo de las y los estudiantes, así como de toda la comunidad educativa, mientras se avanza en el esclarecimiento de lo ocurrido.

La víctima, Cecilia Iraola, se encontraba en el living de su vivienda cuando un hombre llegó en moto, se detuvo frente al domicilio y abrió fuego sin mediar palabra. El ataque ocurrió a plena luz del día y no dejó margen de reacción.

Detrás del crimen aparece una disputa por la venta de un BMW en unos 10 mil dólares. Según la investigación, el hijo de la mujer, de 27 años, había concretado la operación, pero el comprador denunció fallas mecánicas y comenzó a exigir la devolución del dinero. Ante la falta de acuerdo, las amenazas no tardaron en aparecer.

El conflicto fue escalando hasta que, apenas dos días antes del ataque, el joven decidió abandonar el país y viajar a Costa Rica, en un contexto que los investigadores ya consideraban crítico.

La causa está a cargo de la fiscal Carolina Asprella, del departamento judicial de San Isidro, y ya tiene un detenido: Gustavo Arroyo, de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio. Fue arrestado en un country de Escobar.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, Arroyo habría tenido un rol clave en la planificación del ataque e incluso habría estado en las inmediaciones de la vivienda para marcar el objetivo al sicario.

Las cámaras de seguridad permitieron seguir la ruta de escape del atacante, que huyó en moto por la autopista Panamericana. El vehículo estaba registrado en José León Suárez, donde se realizó un allanamiento, aunque el principal sospechoso logró escapar tras quitarse la tobillera electrónica.

En paralelo, durante la detención de Arroyo se secuestró un teléfono celular que podría ser determinante para reconstruir la trama completa del crimen, que expone cómo un conflicto económico derivó en una violencia extrema con consecuencias irreversibles.

Según informó la Policía Comunal, operadores del sistema de cámaras detectaron un automóvil Chevrolet Corsa que se desplazaba en actitud sospechosa por la intersección de las calles Cavallari y Vedia, por lo que se dio aviso inmediato al personal policial.

Minutos después, efectivos lograron interceptar el rodado a pocas cuadras del lugar. Al momento de la identificación, tanto el conductor como su acompañante opusieron resistencia, por lo que finalmente fueron reducidos y aprehendidos.

Los jóvenes fueron identificados como Marco Antonio Francisque, de 29 años, y Juan Manuel Rodríguez, de 24, ambos domiciliados en este medio.

Durante la requisa del vehículo, los efectivos hallaron diversos elementos de presunta procedencia ilícita, entre ellos un cuchillo, un parlante de música, prendas de vestir y otros objetos que, según se indicó, habrían sido sustraídos días atrás de una vivienda de la ciudad, hecho por el cual ya existe una causa penal en trámite.

Los aprehendidos quedaron alojados en la seccional policial local a disposición del magistrado interviniente, en una causa caratulada como encubrimiento, resistencia a la autoridad y amenazas agravadas.

En tanto, la investigación continúa con el objetivo de determinar la posible vinculación de los sospechosos con otros hechos delictivos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Según se informó, la femenina ingresó por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, ubicada en calle Sáenz Peña al 800 de esta ciudad, con claras intenciones de agredirlo físicamente, profiriendo además amenazas verbales de muerte.

Ante la situación, efectivos policiales intervinieron de manera inmediata, logrando la aprehensión de la mujer, quien fue trasladada y alojada en la seccional policial local.

La aprehendida quedó a disposición de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Mercedes, continuándose con las actuaciones judiciales correspondientes.